El segundo cable submarino entre Mallorca y Menorca, anunciado en 2011 dentro del denominado proyecto Rómulo de interconexión eléctrica entre Península y Balears, se contempla en la planificación de inversiones del Ministerio de Industria y Energía para 2014, lo que implica la habilitación de la partida presupuestaria para la obra, que aún debe pasar la tramitación ambiental.
De cumplirse los plazos que maneja el Govern, a finales del año próximo se contrataría la obra y como máximo en 2015 un barco cableador iniciaría la extensión del cable, tal y como ya lo hizo el buque italiano Giulio Verne entre Santa Ponça, Mallorca, y Morvedre, en Valencia, en el año 2011.
El tendido del cable, que servirá de apoyo al existente desde los años 1980, había quedado en suspenso desde 2012, junto con otras inversiones de infraestructuras en toda España debido a la crisis. Ahora, afirmó ayer el director general de Energía del Govern balear, Jaime Ochogavía, se retoma y se incluye en la planificación especial para el próximo año, con una potencia de 100 megawatios y una partida de 75 millones de euros para el cableado en sí, cifra a la que habría que añadir el coste aún sin determinar de las instalaciones auxiliares.
El proyecto ha sido remitido por la Comisión Nacional de Energía a la Comunidad Autónoma y se encuentra en fase de información, aseguró Ochagavía, junto con el enlace entre Eivissa y Formentera. Ambos proyectos aguardan el informe del Ministerio de Medio Ambiente, ya que al ser una actuación entre Islas, explicó, la competencia en la evaluación es de la Administración central. En el caso de Menorca, el cable eléctrico submarino que la une con Mallorca «es antiguo», señaló Ochagavía, con una expectativa de vida calculada por Red Eléctrica Española en unos 15 o 25 años más, por lo que la extensión de la segunda línea se considera necesaria. Las obras contempladas en la planificación especial del Ministerio de Industria posibilitan que las Islas avancen en su integración en el sistema eléctrico de la Península y ofrecen una mayor garantía para el suministro. Además, se rebajan los costes de la producción de energía. En 2012 el Gobierno congeló las inversiones a causa del déficit de tarifa, con la excepción de aquellas inversiones consideradas especiales por seguridad o su importancia para el sistema.
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