La Gerencia del Catastro ha resuelto la controversia que mantienen el Ayuntamiento de Maó y Autoridad Portuaria de Balears a cuenta de la liquidación del Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza urbana y también de categoría especial, decantando la balanza del lado del municipio.
Ambas administraciones llevan años enzarzadas en esta cuestión. Tanto es así que APB adeuda desde el ejercicio 2006 un total de 790.640 euros por este concepto. Y eso sin contar los 127.844 euros de 2013, cuyo plazo de liquidación todavía no ha vencido.
El origen de la disconformidad radica, principalmente, en el tributo de categoría especial que se aplica desde hace algo más de un lustro a los espacios ocupados por empresas concesionarias y autorizadas, es decir, aquellos que tienen una explotación económica por parte de terceros y que, sin embargo, repercute en el sujeto pasivo, en este caso Autoridad Portuaria.
En un escrito remitido a la alcaldesa Águeda Reynés y fechado el 31 de julio, el gerente regional del Catastro, Luis Antonio Bachiller, lo deja claro: "Solo puede ostentar la titularidad catastral el titular de un derecho de propiedad, de un usufructo, de un derecho de superficie o de una concesión administrativa, por lo que no resulta posible inscribir en el catastro a los titulares de autorizaciones administrativas que, además, lo son por plazos inferiores a un año".
De acuerdo con este razonamiento, debería ser APB y no aquellos que ocupan y explotan económicamente espacios portuarios en régimen de autorización, quien se haga cargo de abonar el importe de este impuesto.
Para el concejal de Servicios Generales y Hacienda, Salvador Botella, esta aclaración del gerente del Catastro da la razón al Ayuntamiento en su proceder. "Nosotros repercutimos el IBI a quien corresponde, actuamos correctamente", apuntó ayer Botella quien tiempo atrás ya dejó claro que este conflicto no tenía por qué ser una excusa para no satisfacer la cantidad adeudada.
"Que paguen primero y si no están de acuerdo que lo discutan con la administración competente; nosotros nos limitamos a aplicar la norma", sentenció.
Lo cierto es que la paciencia del gobierno municipal hace tiempo que se agotó. Prueba de ello es el embargo ejecutado hace algo más de un mes de dos propiedades de APB en el puerto: el edificio que actualmente funciona como punto de venta de productos pesqueros y una parcela colindante.
Al parecer, ni el tímido acercamiento protagonizado por el presidente de la institución portuaria, José María Urrutia, con el compromiso de abonar 30.000 euros de la cantidad pendiente ha ablandado la postura del Ayuntamiento. "A día de hoy no nos han ingresado nada, así que todo sigue igual", se limitó a señalar Botella.
Si todo sigue su curso normal, en mes o mes y medio el consistorio mahonés dispondrá de la tasación de las dos propiedades embargadas y podrá proceder a su subasta pública, siempre y cuando no se produzca un movimiento por parte de APB que aborte la operación.
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