El vocal territorial de Balears del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carles Cruz, confirmó ayer la incidencia que está teniendo en la Isla la entrada en vigor de la ley 10/2012 promovida por Alberto Ruiz Gallardón sobre las tasas judiciales. A pesar de no disponer de datos exactos, Cruz constató la caída de las demandas de segunda instancia, es decir, en las cámaras que dictan recursos de apelación. Y es que es, en estos litigios, donde más agresiva ha sido la ley. "La reducción de los casos es importante" por el hecho de que "las elevadas tasas" a pagar están "parando" el acceso a la Justicia, explicaba ayer el otro vocal territorial de Balears del Consejo General del Poder Judicial, Antoni Monserrat.
Los dos responsables judiciales hicieron estas declaraciones tras la reunión que mantuvieron con los jueces de la Isla en la nueva sede judicial de Fort de L'Eau.
El objetivo de este encuentro era "conocer de primera mano la situación y necesidades de los juzgados y por tanto, tomar conciencia del "latido de la vida judicial en la Isla", señaló el presidente del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, Antoni Terrasa.
Tanto Cruz como Monserrat aseguraron desconocer la incidencia de esta nueva ley de tasas en lo que se refiere a los litigios de primera instancia, aunque auguran un alcance menor.
Los dos vocales se aventuraron a cifrar esta caída de los casos en aproximadamente un 20 por ciento. Este porcentaje, que no ha sido aun "contrastado", y por tanto, es provisional, según señaló Cruz, confirma el temor de los abogados quienes pronosticaban que la pérdida del volumen de trabajo por la aplicación de esta nueva normativa iba a superar el 30 por ciento.
La ley fue aprobada a mediados de diciembre y modificada en tiempo récord a principios de marzo. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial consideran que estos cambios deben valorarse a partir de una comparativa con las cifras registradas durante el mismo periodo del ejercicio anterior y consideran necesario esperar a tener la información de todo un semestre para valorar la incidencia real del "tasazo" judicial.
La medida supone que aquel ciudadano que emprenda, por ejemplo, un caso ordinario, deberá asumir una tasa de 300 euros. A medida que avanza el grado judicial, el coste es superior hasta el punto de que, presentar un recurso de apelación costará 800 euros y uno de casación valdrá 1.200 euros.
A modo de ejemplo, un ciudadano que decida emprender una reclamación de desahucio por falta de pago del alquiler por una cuantía de demanda de unos 292 euros mensuales (3.500 anuales), deberá pagar 265 euros de tasas para iniciar el proceso. Un caso ordinario de reclamación de una deuda de aproximadamente 20.000 euros, la cuantía a asumir en tasas será de 250 euros. O en el caso de tener que emprender un proceso cambiario por una reclamación de un pagaré que no es correcto o ha vencido el ciudadano deberá pagar por tasas, 190 euros, aproximadamente.
La lluvia de críticas y el enfado generalizado a la entrada en vigor de esta ley "desmesurada" consiguió que el Gobierno la modificara parcialmente mediante un real decreto aprobado el 22 de febrero de este año. Entre las principales novedades, este real decreto exonera del pago de las tasas en aquellas separaciones y divorcios de mutuo acuerdo. Reduce el tramo variable de la tasa para las personas físicas, que pasará del 0,50 por ciento del valor del litigio con un límite de 10.000 euros al 0,10 por ciento del valor del litigio con un límite de 2.000 euros. Y además, y entre otros casos, en los procesos administrativos sancionadores se fija un límite para que el importe de la tasa no supere el del propio objeto del litigio. Este sería el caso de las multas de tráfico que si hasta el momento, acudir a lo tribunales por una multa de 100 euros suponía el pago de 200 euros de tasas, a partir de la aplicación del nuevo decreto, la cuota nunca podrá rebasar el 50 por ciento del importe.
Ejecución hipotecaria
Por otra parte, respecto al toque de aviso de la justicia europea sobre las ejecuciones hipotecarias, los vocales aseguraron que tras aprobarse -probablemente la semana que viene se publicará en el BOE- la nueva ley que se está elaborando para modificar el marco legal actual "nos atendremos al espíritu de la misma y si la ley obliga a dar información de datos personales los daremos, o si nos dice que tiene un efecto retroactivo, así lo aplicaremos", indicó Cruz. Tras la resolución de la Justicia europea, Monserrat señaló que "los jueces están suspendiendo ejecuciones hipotecarias para poder discutir la validez de las cláusulas del contrato".
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