Autoridad Portuaria de Balears (APB) vuelve a tener la última palabra en el proyecto del dragado del puerto de Maó, una vez que la Fiscalía de Balears ha decretado el archivo de las diligencias informativas abiertas para determinar si se había cometido algún delito en la rada. El decreto fue comunicado ayer al Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB), la entidad que denunció las analíticas realizadas y el vertido de los lodos extraídos del dragado frente a las costas de Sant Lluís ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil.
Como consecuencia de dicha denuncia y de la movilización ciudadana la Fiscalía de Medio Ambiente ordenó el pasado 26 de marzo la suspensión urgente del dragado, a la espera de que concluyeran las diligencias de prueba y después de que el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GERA) recogiera muestras de los lodos del fondo del puerto, por orden del fiscal.
Pese a tener constancia del decreto de la Fiscalía, Autoridad Portuaria no se pronunció ayer sobre la decisión, a la espera de recibir la comunicación oficial. Aunque fuentes próximas al ente sí expresaron ayer la satisfacción que ha supuesto el decreto de la Fiscalía, que sin embargo no implica que las obras del dragado se puedan llevar a cabo antes de que comience la temporada turística.
El plazo con el que contaba APB para efectuar el vertido de los lodos extraídos del fondo del puerto, y que concedió Capitanía Marítima, finalizó precisamente ayer, por lo que ahora debería solicitar una nueva autorización para realizar las obras. Difícilmente éstas podrían abordarse antes del inicio de una temporada que comienza esta misma semana.
Por otro lado, la resolución de la Fiscalía llega casi dos meses después de que el GOB presentara la denuncia y de que se decretara el envío de la documentación al SEPRONA para que elaborara un informe. Fuentes extraoficiales apuntan que uno de los motivos del retraso podría deberse a que las muestras tuvieron que ser analizadas en un laboratorio de Defensa, ante la falta de recursos del SEPRONA.
Después de comunicar el archivo de las diligencias al GOB, a la organización solo le queda la opción de acudir a los juzgados de instrucción competentes para detener el dragado y el vertido.
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