La Ley de Pesca que promueve el Govern balear dotará por primera vez al sector con un marco normativo propio que permitirá abordar y dar respuesta a las demandas de los profesionales.
Es lo que afirma la diputada Asunción Pons, portavoz del PP en la Comisión de Economía del Parlament, quien ha explicado que Balears "no ha contado nunca con una Ley de Pesca propia, porque hoy se sigue aplicando un decreto de 1985, dirigido a los pescadores aficionados, mientras que los pescadores profesionales trabajan con la normativa estatal y un decreto de pesca submarina de 2003".
"La Ley de Pesca Marítima, Marisqueo y Acuicultura de las Balears ordenará al sector al regular la actividad pesquera en las islas en todo su proceso: desde la captura hasta la comercialización, a partir de la realidad del sector", destaca.
La parlamentaria menorquina informa que "clarificará las competencias del Govern balear y los consells insulares, de forma que muchas de las cuestiones que ahora reclaman los profesionales de la pesca se podrán resolver mediante normas de rango inferior, una vez se haya fijado, mediante ley del Parlament, el marco legal general".
Asunción Pons avanza que la ley incluirá medidas de conservación y gestión de los recursos marinos; permitirá la redacción de planes de gestión, tanto de ámbito insular como interinsular, de periodicidad anual y plurianual; así como planes de recuperación para especies concretas, y también planes experimentales.
De acuerdo con las directivas de la UE, y según la diputada menorquina del Partido Popular, creará los censos para las diferentes modalidades de pesca profesional al objeto de garantizar que las barcas del Archipiélago puedan faenar en aguas interiores.
En el aspecto medioambiental, resalta que la ley refuerza la figura de la reserva marina, "instrumento fundamental de la política pesquera balear", con la creación de la Red Balear de Areas Marinas Protegidas; regula la pesca marítima creativa, y abre la puerta a que los pescadores puedan complementar la extracción con otras actividades, como el turismo pesquero, que constituye una reivindicación histórica del sector.
Trato preferente
Según Asunción Pons, por decisión expresa del conseller Gabriel Company, "las cofradías de pescadores han tenido un trato preferente y excepcional a la hora de iniciar el Govern la redacción de este proyecto de ley". Dice que antes del trámite de información pública, que concluyó el 21 de mayo pasado, las cofradías ya habían tenido oportunidad de conocer el borrador y aportar ideas.
Todo el proceso de participación se ha canalizado a través de la Federación Balear de Cofradías de Pescadores, que finalmente entregó a la Conselleria un documento de síntesis con sus propuestas, pactado entre todas la cofradías de las islas. Expone que "todas las propuestas de los pescadores han sido tenidas en cuenta desde el primer día, el Govern no elabora una ley a espaldas de las cofradías, sino con su plena participación, y las ideas que puedan presentar ya serán objeto de normas de rango inferior; ahora no son objeto de esta ley".
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