La dirección del Club Marítimo de Mahón presidida por Nemesio Suárez se planteó en su día la posibilidad de retirar el contencioso administrativo contra la adjudicación de los amarres, cuya sentencia se conoció ayer. Y es que las negociaciones entre Autoridad Portuaria y el Marítimo para recuperar los amarres perdidos en el Moll de Llevant se veían ensombrecidas desde 2008 por este recurso y entre los miembros de la junta directiva aparecía con fuerza desde hace tiempo la necesidad de abrir una nueva vía de colaboración con el ente gestor que pasaba por la retirada del contencioso.
Además, de forma paralela, la Fiscalía Anticorrupción de Balears investiga desde 2009 las irregularidades denunciadas por el expresidente del Club Marítimo de Mahón, Luis Barca Mir, en la adjudicación del concurso para explotar los amarres del Moll de Llevant. Como ya publicó en su día el "Menorca" los hechos objeto de investigación fueron las grabaciones aportadas a la Fiscalía en las que aparecen implicados el expresidente de Autoridad Portuaria de Balears, Joan Verger, y el director del ente, Ángel Matías, que probarían un trato de favor, con la entrega de amarres de Trapsa en el puerto de Maó.
Esta investigación que investiga la concesión de amarres en Balears se conoce con el nombre "Mar Blau" y están imputados los dos expresidentes de APB, Francesc Triay y Joan Verger y Angel Matías.
De las cuatro ofertas presentadas Ribera del Puerto, Ocibar, Club Marítimo y Trapsa, fue elegida esta última en octubre de 2008 por ser la solución "más ventajosa". La sociedad del empresario Díaz Ferrán se comprometió a pagar un canon anual de 600.000 euros durante casi 15 años y una inversión de mejora de instalaciones de 2,9 millones para gestionar 154 amarres. Un socio del Club presentó una denuncia contra Joan Verger y Ángel Matías por presunto delito de coacciones. Este socio hacía referencia en su escrito de denuncia a las conversaciones grabadas en 2005 y publicadas por "El Mundo" en las que Verger y Matías ofrecieron en secreto a los responsables del Club alterar el resultado del concurso de amarres del Moll de Llevant. Según ellas, Verger comunicó de forma no oficial a Barca y al gerente del Marítimo, Ignacio Marra, que la oferta del Club había quedado en segundo lugar en el dictamen de la comisión técnica de APB, pero existía forma de evitarlo si se alcanzaba un acuerdo con la empresa mejor situada, Trapsayates.
En virtud de ese acuerdo, la empresa privada recibiría una contrapartida en forma de dinero y amarres. El Club, siguiendo instrucciones de Verger, firmó un acuerdo pantalla con una empresa llamada Teinver, vinculada a Trapsa propiedad de los mismos accionistas, por el que ésta sociedad recibiría tres amarres de 27 metros de eslora a cambio de unos informes inexistentes. En la denuncia se comenta que, meses después, ese mismo grupo empresarial se adjudicó dos concesiones en puerto de Eivissa y Palma (Ibiza Nueva y Varadero de Palma). Como ya publicó el "Menorca", el escrito del socio también desvela que en dichas conversaciones del director de Autoridad Portuaria, Ángel Matías, obliga al Club a retirar varios contenciosos interpuestos contra la liquidación de unas tasas so pena de no adjudicarle la concesión en caso de no retirarlos.
Reclamación de pagos
Por otra parte, a finales de 2012, Autoridad Portuaria de Balears reclamó algo más de un millón de euros por vía ejecutiva, a través de Hacienda a Trapsayates. En el mes de marzo de ese año reclamó 592.000 euros por el impago del canon y a finales de 2012 inició el trámite por vía ejecutiva de otros 450.000 euros. APB informó entonces que Trapsa cumplía con el pago de la deuda aplazada desde principios de 2011, con el abono de 30.000 euros mensuales. Ese plan de aplazamiento vence en junio de 2013. APB indicó que el dinero depositado en concepto de garantía cubría el pendiente de pago de esta compañía.
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