Geas. Un equipo del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, el miércoles por la mañana trabajando en el puerto de Maó - Javier

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El miércoles coincidieron en el puerto de Maó una concurrida protesta contra el vertido en el mar de los lodos resultantes del dragado de la parte interior de la rada en tierra, frente a las dependencias de Autoridad Portuaria, y una patrullera del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil en el agua. La coincidencia fue fruto del azar, aunque el asunto que ocupaba a ambos colectivos humanos era el controvertido dragado.

El equipo del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, desplazado por un día desde Palma, recogía muestras de los lodos del fondo del puerto de Maó atendiendo a un requerimiento de la Fiscalía, que a su vez actúa movida por una denuncia presentada por la organización ecologista GOB ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la propia Guardia Civil.

El trabajo ocupó una jornada. Las muestras serán ahora analizadas por expertos para que la Fiscalía pueda conocer de primera mano si la composición del barro, y la presencia en él de sustancias contaminantes, cumple los requisitos legales para que los lodos resultantes de las labores del dragado del puerto de Maó se viertan en el mar, concretamente en la costa de Sant Lluís, en las inmediaciones de Cala Rafalet y S'Algar.

Los resultados de los análisis podrían condicionar futuras actuaciones por parte de la administración competente al respecto del dragado.

La coincidencia de manifestantes y patrullera hizo pensar a alguno que la patrullera de la Guardia Civil realizaba tareas de vigilancia, algo que ayer fue absolutamente descartado.

Tampoco llevaba a cabo maniobras, como se escribió en la breve información aparecida ayer en la edición del "Menorca".

El GOB, explica uno de sus responsables, Miquel Camps, presentó la denuncia ante el SEPRONA hace aproximadamente un mes, "y nos dijeron que ya estaban siguiendo el tema". Fue esta denuncia la que posteriormente se trasladó hasta la Fiscalía.

El colectivo ecologista adjuntó a la denuncia cinco informes que indican que los niveles de elementos contaminantes existentes en el fondo del puerto de Maó imposibilitan legalmente el vertido de los lodos en el punto donde ahora tiene previsto hacerlo Autoridad Portuaria. Camps explica que de momento no ha obtenido respuesta alguna al respecto.

El GOB insiste

Precisamente, el GOB emitió ayer un comunicado en el que recuerda que Autoridad Portuaria de Balears se ampara en que sus informes están en consonancia con los parámetros marcados por el Cedex, un organismo público asesor que en 1994 emitió unas recomendaciones relativas a los dragados.

El GOB insiste en que estos criterios no constituyen una normativa, y que algunos técnicos apuntan que el riesgo de toxicidad se sitúa por debajo de las cifras que maneja el Cedex. Recuerda que en el informe emitido en marzo de 2013 el Cedex admite que se están revisando los criterios. "En este contexto no conviene olvidar que el estudio encargado por Autoridad Portuaria ha dejado sin analizar la mitad de la zona que se quiere dragar. Entre otras, no ha hecho análisis en las zonas que tres años antes aparecían como más contaminadas por mercurio y plomo".

El GOB cuestiona además el rigor de la empresa encargada del análisis, a tenor de algunos antecedentes.

Los ecologistas apuntan además que el vertido de los lodos en el mar puede perjudicar la imagen turística de Menorca y desmiente los argumentos de que la zona marítima en cuestión está degradada, "incorpora hábitats y especies protegidas". Rechaza también que los interlocutores de Autoridad Portuaria en este asunto sean los técnicos contratados.

El GOB pide al Consell que "se moje más en el asunto" ya que mantiene la sensación de que sencillamente Autoridad Portuaria no ha adquerido estudiar alternativas al vertido de los lodos en el mar, "no es que no haya alternativas, es que no se quieren ni estudiar".