El PSOE de Menorca manifestó ayer su total rechazo a la reforma de la Ley Local propuesta por el Gobierno central porque supondrá la privatización de los servicios públicos básicos que vienen prestando los ayuntamientos en los últimos 30 años, porque vacía sus competencias, ataca la autonomía local, va en contra de la insularidad, es un insulto a los cargos electos municipales y porque se ha hecho de espaldas a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Así de contundentes se expresaron ayer los socialistas tras el encuentro celebrado en Maó al que asistieron el secretario de Política Municipal del PSIB Franscesc Miralles; los alcaldes socialistas de Es Mercadal y Es Migjorn, Francesc Ametller y Pere Moll, respectivamente; el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Maó, Vicenç Tur y la consellera insular de esta formación, Gari Petrus.
Todos pusieron cara a la preocupación existente en el seno de la formación ante las "graves consecuencias" que tendrá la aplicación de esta reforma tal y como está redactada.
Los socialistas incidieron en que hasta la propia FEMP, integrada por todos los partidos del espectro político español rechaza de forma unánime la reforma. De hecho, vaticinan divisiones internas dentro del PP después de que muchos alcaldes 'populares' hayan cerrado filas en contra de la reforma y presentado alegaciones. El PSOE considera que el Gobierno central es prisionero de sus compromisos ante Europa tras anunciar que con la reforma pretenden ahorrar 7.000 millones de euros. "Van a tope y sin miramientos" denunciaron los socialistas, después de informar que el Gobierno de Rajoy piensa tramitar el anteproyecto en el Congreso el 22 mayo.
El secretario de política municipal del PSIB y alcalde de Algaida, Francesc Miralles, denunció que la reforma propuesta traspasa las competencias de los ayuntamientos a entidades supramunicipales, es decir, deja a las corporaciones sin contenido y sin considerar "criterios de eficiencia, eficacia y equidad", lo que puede llevar, a su juicio, a la supresión de servicios públicos básicos. Miralles sostiene que el anteproyecto de Ley diseñado por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, discrimina a los municipios por su población, puesto que si un servicio prestado por un Ayuntamiento de menos de 20.000 habitantes no se ajusta a los estándares determinados por el gobierno de turno será traspasado, en el caso de Menorca, al Consell. "En cambio, en el caso de municipios con más de 20.000 habitantes no habrá ninguna consecuencia, lo que demuestra el escaso nivel de reflexión de la propuesta", remarcó. En relación a la regulación de las retribuciones de los cargos públicos, Miralles sostiene que debe ser la FEMP al igual que hoy día hace la Federació d'Entitas Locals de les Illes Balears (FELIB) quien elabore una tabla de retribuciones. Sobre el hecho de que los cargos de confianza deban ser asumidos por funcionarios de carrera, Miralles se mostró a favor, siempre y cuando no entorpezcan la voluntad política del equipo de gobierno de turno.
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