El Ayuntamiento de Sant Lluís estudia cómo reconducir el litigio urbanístico que arrastra desde el año 2004 con la sociedad promotora Orfila S.L., que reclama una indemnización de 12.580.000 euros más intereses por el incumplimiento de un convenio que se remonta todavía más tiempo atrás, a 1997, y que afecta al desarrollo del polígono II de Son Ganxo. La negociación con la sociedad promotora se ha retomado gracias al nuevo escenario que dibuja la Norma Territorial Transitoria que elabora el Consell, ya que la zona objeto del desarrollo fue desclasificada por el Plan Territorial Insular (PTI) e incluida en una de las diecinueve Áreas de Reconversión Territorial (ART) existentes en la Isla.
La propuesta que la mercantil ha puesto sobre la mesa y que el gobierno local ve con buenos ojos consiste en la construcción de 30 viviendas, de una superficie de 250 metros cuadrados, y sobre parcelas de una extensión media de mil metros cuadrados. La edificación total sería de 7.500 metros cuadrados sobre una parcela de 40.600 metros cuadrados de superficie.
Las conversaciones entre el Ayuntamiento y la sociedad comenzaron a principios de este año, según confirmó ayer el alcalde de Sant Lluís, Cristóbal Coll, quien confía en alcanzar un acuerdo y zanjar uno de los contenciosos que pesan sobre la economía municipal. Dicho acuerdo pasa por restituir el derecho edificatorio que eliminó el PTI, al establecer que las Normas Subsidiarias de Sant Lluís debían contemplar el sector X del polígono II de la urbanización de Son Ganxo como una zona verde o espacio libre de uso público.
Como contrapartida, el convenio que se firmara al amparo de la nueva Norma Territorial Transitoria debería recoger, según explicó Coll, el compromiso de la promotora a desistir del contencioso administrativo. De momento se ha retomado el diálogo son la sociedad, domiciliada en Barcelona, después de años de enfrentamiento en los juzgados. En la actualidad el procedimiento jurídico se encuentra en fase de prueba, afirmó Coll, lo que supone la realización de un nuevo peritaje externo para evaluar la cuantía de la indemnización que corresponde a la sociedad.
Fue en agosto de 1997 cuando el equipo de gobierno de Sant Lluís, entonces compuesto por PSOE, INME y PSM, aprobó la firma del convenio urbanístico con Orfila, S.L., para recalificar dicha zona de Son Ganxo y permitir su edificación. En abril de 2003, con la aprobación del PTI y la calificación de zona verde de los terrenos se produce la pérdida patrimonial que ahora alega la promotora, cuantificada en los 6 millones de euros que costó la finca y los 6.580.000 euros de pérdida de beneficio comercial, más los intereses generados.
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