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La Renta Mínima de Inserción es una prestación económica para las personas y familias más desfavorecidas que ya han agotado todas las vías de ingreso posibles y que, además ofrece apoyo personalizado para la inserción laboral y social. Las dificultades económicas que padecen muchas familias obligan a buscar vías, como ésta que permitan una entrada de dinero además de proporcionar herramientas para encontrar trabajo.

A pesar de estas circunstancias que rodean a los ciudadanos de la Isla, la memoria de la Renta Mínima de Inserción de 2012desvela que el número de perceptores directos de la ayuda está disminuyendo. Así las cosas, el año pasado percibieron directamente la prestación 252 personas, lo que, indirectamente, supuso que se beneficiaron un total de 514 personas. Si a estas cifras las comparamos con los índices registrados en 2009, la caída de beneficiarios se sitúa en 106. En comparación con 2011, el descenso se sitúa en 65 beneficiarios. La lectura que realiza la Consellería de Bienestar Social y Juventud, responsable de administrar los fondos, ya sean los propios como los que aportan los ejecutivos autonómico y central para este fin, se ciñe en la operación retorno de los colectivos de inmigrantes.

Relevante es, en este sentido, la población sudamericana perceptora de la ayuda. En 2012 tan solo supuso el 18,2 por ciento del total, frente al 50,6 por ciento que registró este colectivo en 2008. A este retorno a su país o a otro lugar con mayores posibilidades de encontrar un empleo, se suma otra circunstancia preocupante. Y es que, el número de personas autóctonas que se ven en la tesitura de gastar uno de los últimos cartuchos que quedan para ganar la batalla de la crisis, está creciendo a marchas forzadas.

Así, solicitaron la Renta Mínima de Inserción el pasado año un total de 76 personas nacidas en Balears, además de otras 56 procedentes de otras comunidades autónomas. Esto revela que de los 252 titulares que solicitaron la ayuda, 132 eran españoles y el resto, es decir, 120, pertenecen a otros países. Ocupan, por tanto el primer puesto las personas de origen balear y quedan relegados a la cuarta posición los usuarios de América del Sur que durante años ocupaba el primer puesto.

Sin duda, estas cifras constatan la percepción que intuía la Conselleria de Bienestar Social de que el perfil de los usuarios está cambiando. Tan solo basta compararlo con los datos que se registraron en 2008 cuando el número de titulares españoles alcanzaba las 57 personas siendo los otros países los que acumulaban la mayor parte de perceptores, 182. Cabe resaltar a su vez que esta situación podría ser mucho más pronunciada. El departamento estima que el número de personas autóctonas que padece una situación crítica puede ser muy superior. No obstante, el tejido familiar sigue amparando y soportando las dificultades. "Aquel balear o español que pide una Renta Mínima es porque su situación ya es límite, y en alguna ocasión, mucho peor que otro perceptor extranjero", señalan.

Por otra parte, y según informan fuentes del área social del Ejecutivo insular, también se detecta un incremento de la carga familiar de cada titular que solicita la prestación. En concreto, en 2007 cada titular asumía sobre sus espaldas 1,8 beneficiarios cuando a día de hoy, ya acumulan dos beneficiarios de media. Este hecho demuestra que está creciendo el número de familias que requieren la ayuda. No obstante, sigue ocupando la primera posición el número de titulares con una condición de soltero.

Además, también se ha producido un cambio en el sexo. Y es que así como antes era la mujer soltera nacida en América del Sur y sin estudios la principal perceptora de la ayuda, a día de hoy, son mayoritariamente varones españoles, solteros y sin estudios. Además, Maó es el municipio que acumula mayor número de demandantes (126 titulares de un total de 252).

El Consell considera cumplido el objetivo de la ayuda. Más de un tercio de la población que solicita la prestación deja de cobrarla por haber encontrado trabajo. El segundo grupo mayoritario lo concentran las personas que dejar de percibir la prestación por haber finalizado el período máximo para ello.

La Conselleria de Bienestar Social y Juventud avanza que el presupuesto para 2013 se mantiene en 500.000 euros (el Consell asume el 50 por ciento de esta cuantía). Aunque aun no esté confirmado el importe que recibirá de las otras administraciones, el departamento estima que será algo superior a la de años anteriores. De ahí que, una vez confirmado, estudiarán invertir este incremento del presupuesto, no solo a ofrecer la prestación sino a buscar más herramientas que promuevan mayor número de puestos de trabajo.