El PP aprobó ayer en solitario el Presupuesto General del Consell de Menorca para 2013. Le valió su mayoría absoluta ya que ni PSOE, que vio rechazada su enmienda a la totalidad, ni PSM dieron su voto favorable a unas cuentas que ascenderán a 81,2 millones de euros. Apenas hubo puntos de encuentro en las exposiciones de los tres portavoces, si bien, paradójicamente, de una u otra manera todos reconocieron que de esta crisis se sale partiendo de la unidad entre los agentes políticos, económicos y sociales.
La consellera de Servicios Generales, Pilar Pons Faner, fue la encargada de defender los números del gobierno insular. En su primera intervención insistió en el "importante esfuerzo" realizado por el equipo que preside Santiago Tadeo para mantener la asistencia social a los colectivos más vulnerables –recordó el incremento del 12 por ciento en el área de Bienestar Social- y para incentivar la productividad económica –remarcó la inyección de recursos propios en promoción turística y en el plan de cooperación local, así como las inversiones en carreteras- partiendo de la transparencia y la estabilidad presupuestaria.
En el lado opuesto se posicionaron socialistas y nacionalistas quienes, aparte de reiterar su convencimiento de que el "presupuesto del Consell se ha construido sobre la falacia de unos ingresos ficticios" -dos de los ejemplos citados de este razonamiento son el notable crecimiento de la partida de la recaudación prevista por el impuesto sobre el tabaco que suma 1,5 millones de euros y la inclusión de la totalidad de las inversiones estatutarias-, centraron toda su atención en el papel que la máxima institución de Menorca ha desempeñado y desempeñará ante el Govern balear.
Más peso para Menorca
La lectura de ambos grupos sobre este punto, después de recordar los desplantes protagonizados por los consells de Mallorca y Eivissa ante el Govern por los impagos que éste acumula, puede resumirse en la palabra "sumisión" pronunciada en un par de ocasiones por el portavoz socialista o en esta frase de la consellera Maite Salord: "Nunca antes habíamos tenido un gobierno tan débil, tan gris, escondido siempre detrás de la figura del presidente Bauzá y de sus consellers". Para hacerse una idea de esta situación, prosiguió la consellera, basta con tener en cuenta los cerca de 40 millones que el Govern debe al Consell.
La respuesta de Pons Faner no se hizo esperar y, pese a reconocer que "no son los presupuestos ideales", defendió los contactos realizados ante el Govern en asuntos como el transporte público, aunque el Ejecutivo autonómico no ha prorrogado el convenio anual de 450.000 euros para el transporte por carretera en Menorca, mientras que Mallorca recibe una inyección de 48 millones. "Continuamos reivindicando la firma de un convenio de colaboración y, de producirse, incorporaríamos la cuantía a los presupuestos con posterioridad", avanzó.
Financiación de Consells
Lo cierto es que el Consell, una vez más, ha tenido que tirar de recursos propios para cubrir gastos en los que debería intervenir el Govern que preside Bauzá como sería el caso de la promoción turística, el apoyo a sectores económicos como el agroalimentario, el transporte público, las inversiones municipales o, incluso, el pago de plazas de servicios sociales.
El problema de fondo, y todos los grupos coincidieron en ello, es que a día de hoy todavía no se haya aprobado la nueva Ley de Financiación de consells. A falta de concretar cómo (y, por supuesto, cuándo), este instrumento podría atenuar en cierto modo uno de los grandes 'handicaps' de las instituciones insulares: su extrema dependencia de otras administraciones. Es esclarecedor, en este sentido, que el 95 por ciento de los recursos económicos que recibe el Consell proceda de las administraciones autonómica, estatal y europea. Es decir, que la institución de referencia para los menorquines solo genera, ya sea vía impuestos, tasas o sanciones, el cinco por ciento de los recursos que ingresa. Sin duda, uno de los grandes temas pendientes de resolución, siempre y cuando no haya un giro en el camino iniciado para hacer efectiva la reestructuración autonómica que contempla el nuevo Estatut d'Autonomia.
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