La resolución de los dos expedientes disciplinarios abiertos por el equipo de gobierno a la secretaria del Ayuntamiento de Alaior es de competencia municipal. Así lo afirmó ayer la directora general de Función Pública, Administraciones Públicas y Calidad de los Servicios, Núria Riera, quien explicó que la potestad sancionadora es del municipio que ha incoado un expediente disciplinario.
Esta sanción se aplica en función de la propuesta de resolución que dictamine el instructor del caso. Es en este punto donde interviene la Dirección General de Función Pública del Govern, puesto que es el departamento autonómico el que asigna al instructor cuando un ayuntamiento solicita dicha colaboración, como ha ocurrido con el caso de Alaior.
Riera resalta a su vez que esta mediación administrativa suele establecerse cuando el ayuntamiento no dispone de técnicos con la titulación jurídica suficiente o el nivel de preparación requerido para tratar el expediente.
Es por ello que la Dirección General de Función Pública interviene en el caso, pero solo en la "asignación o cesión de un técnico, a partir de ahí, la tramitación es municipal".
Esta solicitud de colaboración también puede deberse a la búsqueda de un instructor externo que pueda dar la máxima imparcialidad al proceso, tal y como recuerdan fuentes de la Conselleria de Administraciones Públicas.
Respecto al instructor, Riera recuerda que cada secretaría general de las distintas consellerias pone a disposición a técnicos de servicios jurídicos y por orden correlativo y objetivo se van asignando a cada administración local que ha solicitado esta mediación.
Desde la Dirección General de Función Pública señalan que aunque el proceso depende del tipo de faltas, entre otros muchos aspectos, el instructor podría proponer una resolución en un plazo de aproximadamente dos meses.
Por otra parte, este diario se puso en contacto ayer con la secretaria implicada en el caso, Luz Sanz, quien declinó hacer declaraciones al respecto.
Cabe recordar que los dos expedientes disciplinarios abiertos a la funcionaria hacen referencia a un acta del pleno y a una supuesta suplantación de la autoridad de la alcaldesa.
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