Llorenç AllèsCiutadella21/10/12 0:00
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El pasado 1 de enero entró en vigor una nueva normativa que afecta a los llamados empleados del hogar. Esta regulación obliga, entre otras cosas, a que todas las personas que trabajan en funciones como la limpieza de viviendas deben estar dadas de alta en la Seguridad Social y disponer de un contrato, aunque trabaje tan solo unas horas a la semana. Además, quien contrata a un empleado del hogar debe pagar las cuotas correspondientes a la Seguridad Social. El Gobierno dio un plazo de seis meses para que todos los afectados por esta nueva normativa regularizaran su situación. Este plazo expiró el 30 de junio, y desde ese día, Inspección de Trabajo puede imponer multas a quienes incumplan la normativa.

Esto, precisamente, es lo que ha sucedido en Menorca. Este periódico ha podido saber que se han impuesto varias multas a personas que tenían contratadas a mujeres de la limpieza sin tenerlas de alta y pagándoles en negro. Esta es una práctica muy extendida en la Isla. Se contrata a una señora (la inmensa mayoría de veces son mujeres) para que acuda tantas horas a la semana a limpiar la casa y se pacta un precio, que suele rondar entre los 10 y los 12 euros la hora, actualmente. Se le paga en metálico, y generalmente ese sueldo no se declara y, por tanto, no genera impuestos ni tampoco derechos ante la Seguridad Social.

Esta es la situación que quiere cambiarse con esta normativa. La directora general de la Inspección de Trabajo en Balears admite que desde el Gobierno central se ha impulsado un plan para detectar el empleo irregular, y este plan incluye muchos sectores, entre ellos el de la limpieza. Sin desvelar datos, confirma que se han realizado inspecciones en Menorca, como se han hecho en el resto de las islas, para controlar el sector de los empleados del hogar. Inspecciones que en algunos casos, como ha podido comprobar este periódico, se han saldado sin ninguna sanción, pero en otros han detectado la inexistencia de contrato y, por lo tanto, se ha multado al empleador.

Y es que ésta es una de las novedades de la normativa. Si una empleada del hogar es cazada trabajando sin contrato, el responsable es la persona que la ha contratado, no la contratada. Es lo mismo que en una obra. Si el capataz emplea a obreros sin su contrato correspondiente o sin cotizar a la Seguridad Social, la multa le cae a él, no al trabajador.
Desde Inspección de Trabajo se asegura que este plan, que incluye otros sectores, está pensado para atajar varios problemas. Primero, el fraude al Estado al realizar actividades sin declarar y por tanto sin generar impuestos. Segundo, para combatir la competencia desleal que estas actividades suponen para las empresas legalmente establecidas. Y tercero, y más importante, para proteger los derechos del trabajador, asegurándole cotización a la Seguridad Social y cobertura en caso de baja, entre otros.