El pleno del Ayuntamiento de Alaior aprobó ayer, con una rotunda oposición del PSOE, PSM y EM-IA, la modificación del pliego de condiciones que rige la contratación del servicio del Centro Residencial y Centro de Día Es Ramal.
Abaratar el gasto que genera el servicio pero manteniendo la calidad del mismo son los dos objetivos que pretende conseguir el equipo de gobierno, tal y como anunció ayer el concejal de Servicios Sociales, Antoni Mascaró.
Las reformas en el sistema competencial de las entidades locales así como la crisis económica generan una atmósfera de incertidumbre que han llevado al gobierno popular a buscar una "solución que garantice tanto la prestación como la viabilidad económica del mismo". El contrato tendrá, por lo tanto, una duración de un año, prorrogable hasta ocho. Además, el presupuesto máximo de licitación de la contratación se fija en 906.522 euros, lo que supone una rebaja de 123.000 euros del precio base de licitación previsto inicialmente. Respecto a la parte que corresponde al Ayuntamiento, pasará de generar un déficit de 223.000 euros a uno de 100.000 euros.
El ahorro se centra principalmente en las partidas de gasto corriente y sustituciones de personal que, en este último caso, el estudio económico fija en unos 50.000 euros.
rotunda oposición
Una enérgica oposición encontró ayer el equipo de gobierno popular en los tres partidos representados en el Ayuntamiento.
Tanto PSOE como EM-IA y PSM coincidieron en apuntar la pérdida de la calidad que supondrá esta modificación del pliego de condiciones teniendo en cuenta que "si recortamos el servicio es imposible que no se vea resentido", denunció la nacionalista Fanny Riudavets. A su vez, reconocieron la incertidumbre sobre la reforma de la ley de bases del régimen local que puede afectar muy duramente a los servicios que se ofrecen en aquellos municipios con menos de 20.000 habitantes.
Riudavets también tildó de "sospechoso" el período de un año prorrogable hasta ocho, a lo que el concejal Antoni Mascaró rebatió con que es "un plazo y un procedimiento que se ajusta a la legalidad". Por su parte, el portavoz de EM-IA, Josep Portella, criticó el recorte en el capítulo de alimentación ironizando con que "no creo que les den langosta para comer, el sacrificio no lo hará el Ayuntamiento sino los usuarios que verán menguado el servicio asistencial".
El más crítico con este trámite que inicia el gobierno fue el exalcalde y portavoz socialista, Pau Morlà, quien difícilmente ve posible que una empresa se quiera comprometer para un solo año de contrato sin tener garantizado un mínimo de continuidad. A su vez, denunció que el Ayuntamiento haya modificado el estudio económico para recortar las prestaciones sociales del servicio. En este sentido, lamentó que la partida de personal se reduzca en 56.000 euros, que se elimina de las sustituciones. "Esto significa que la empresa que gestione el geriátrico deberá modificar los servicios de nocturnidad, festivos y vacaciones de personal. Con este recorte, como mínimo, se dejarán de contratar tres personas para desarrollar estas sustituciones".
Morlà anunció a su vez la partida de alimentación que se reduce en 11.000 euros, una cuantía que la comparó al servicio de comida a domicilio. "Si cogemos el precio de este servicio es como si suprimiéramos 1.800 menús". Y finalmente, el socialista tildó de error que se reduzca en 10.870 euros la partida destinada a limpieza y mantenimiento.
Por todo ello, Morlà propuso al equipo de gobierno dejar sin efecto el nuevo pliego de condiciones para negociar con la empresa gestora actual un ajuste razonable que no afecte las partidas básicas para el buen funcionamiento del centro. Una iniciativa que fue rechazada por los populares quienes indicaron que "el servicio no puede prorrogarse más". Además, Mascaró concluyó que el abaratamiento de los servicios de alimentación y mantenimiento es posible gracias a "una negociación con los proveedores".
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