La Audiencia Provincial de Palma ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por UPCM contra el sobreseimiento del expediente desaparecido en manos de la exconcejala de Gobernación del Ayuntamiento de Ciutadella y exresponsable de la Policía Local, Antonia Salord, en el lapso de tiempo que asumió la alcaldía accidental, entre la dimisión de Llorenç Brondo, el 18 de febrero de 2009, y el 16 de marzo del mismo año. En consecuencia, habrá juicio oral para calificar la responsabilidad de la exedil en la custodia de documentos públicos.
Como se recordará, Unió des Poble de Ciutadella denunció en su momento en los juzgados el extravío del documento. UPCM explicó en su denuncia que en febrero de 2009, Antonia Salord, "valiéndose de las prerrogativas de su cargo" como alcaldesa accidental, pidió a Regestril SL, la empresa encargada de la tramitación de los expedientes sancionadores y del cobro de las multas por infracciones urbanísticas, la entrega de la totalidad de los expedientes iniciados por los servicios del área de Urbanismo, todo ello, según UPCM, "sin expresar motivo alguno".
En ese momento, la responsabilidad directa del área de Urbanismo recaía en Milagros León. Además, faltaban apenas dos semanas para la celebración del pleno extraordinario en cuya sesión debía producirse la investidura de una nueva alcaldesa que sustituiría a Antonia Salord, como así, de hecho, ocurrió el 16 de marzo de 2009.
La exedil del PP pidió finalmente al gerente de Regestril SL la entrega del expediente urbanístico original número 319/08 y de otros once más cuya elección dejó al arbitrio del responsable de la empresa de recaudación. El 27 de febrero un funcionario municipal se presentó a recoger los doce expedientes. Días después, el 3 de marzo, el mismo funcionario se personó en las dependencias de la empresa con el fin de proceder a la devolución de los expedientes. Los recibió todos menos uno: el numerado como 319/08. Se trata del expediente DU 319/08 que se abrió en 2008 por unas obras ilegales en la propiedad de un delegado sindical de Comisiones Obreras en la Policía Local.
El 17 de junio de 2010, el portavoz del grupo municipal de UPCM, Joan Triay, pidió una relación de expedientes devueltos por el Juzgado al Ayuntamiento. El 22 de junio recibió la contestación, en la que llamaba la atención una observación: "Entregado a la alcaldesa accidental, Antonia Salord, el 27 de febrero de 2009". No volverían a tenerse noticias del documento original, aunque, por fortuna, Regestril SL había tomado la precaución de fotocopiar ese expediente. Este hecho permitió su reconstrucción a partir de las fotocopias de los originales que desaparecieron sin dejar rastro.
El reciente auto de la Audiencia estima el recurso interpuesto por UPCM contra el sobreseimiento provisional de las actuaciones. Como se recordará, en un primer momento el instructor consideró que no se había acreditado intencionalidad por parte de Antonia Salord a la hora de hacer desaparecer el documento.
Según la Audiencia, "no puede descartarse de plano en estos momentos la concurrencia del delito de infidelidad en la custodia de documentos, pues concurriendo indiciariamente el elemento objetivo del delito –la objetiva desaparición del expediente administrativo (…)-, el conocimiento sobre la eventual intencionalidad de dicha desaparición debe abocarse necesariamente (…), a la vista del material probatorio practicado bajo los principios de inmediación, defensa y contradicción (…)".
"Resulta prematuro en este momento procesal –añade la Sala- anticipar o aventurar el resultado que vaya a arrojar la práctica de los medios de prueba en el (…) acto central del procedimiento en el que las diligencias adquieren la condición de verdaderas pruebas sobre las que construir, en su caso, el juicio de certeza que enerve la interina presunción de inculpabilidad, respecto de que, como presunción "iuris tantum", es posible habilitar prueba en contrario".
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