El equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alaior aprobó ayer, con la abstención de los tres partidos de la oposición, solicitar al Parlament a que inste a la Sindicatura de Cuentas a fiscalizar diecisiete expedientes de contratación tramitados desde el 2008 tras observar presuntas deficiencias, anomalías y falta de documentación.
La alcaldesa, Misericordia Sugrañes, cree necesaria esta especie de auditoría externa para conocer la realidad de un "sinfín" de contratos en los que se observan modificaciones presupuestarias y ausencia de hojas de encargo. Sugrañes denunció "falta de escrupulosidad" en la anterior gestión, lo que ha obligado al actual gobierno a tomar duras medidas que afectan directamente al ciudadano. "Estas medidas no habrían sido necesarias si la gestión de la izquierda hubiera sido mejor". Indicó que una vez un expediente ha sido concluido ya no es posible emitir de nuevo informes jurídicos por los técnicos municipales. Además, consideró una falta de respeto que "un técnico se convirtiera en el dedo acusador de algún miembro del anterior equipo u otros funcionarios". De ahí la opción de la Sindicatura de Cuentas.
El anterior alcalde y máximo responsable de la gestión del anterior gobierno, Pau Morlà, apeló a la transparencia de su mandato instando al PP a que no solo traslade al síndico 17 expedientes sino que solicite una revisión de todos los contratos administrativos locales, entre ellos, los ejecutados con el Plan de Dinamización Turística, el Plan Insular de Cooperación, el Plan de Comercio, el Plan de Barrios, los dos planes E y el de instalaciones deportivas, una serie de proyectos que "supusieron una inversión en el municipio de unos diez millones de euros gracias a las aportaciones de otras administraciones".
La voluntad de esta solicitud socialista -que no fue aprobada- era "demostrar que no escondemos nada" y que en el caso de que hubiera algún error administrativo, que salga a la luz. No obstante, aseveró que "tengo la tranquilidad de que no aparecerán irregularidades como las que quiere vender el equipo popular". Morlà tildó de "incongruentes" las acciones del PP quienes aprobaron en un pleno anterior y con un informe favorable de la secretaria el rechazo de una serie de facturas que no iban a pagar y que, por lo tanto, no se incluían en el plan de pagos a proveedores, cuando ahora "vuelven a salir las mismas facturas".
Pero su petición no acababa ahí. Morlà solicitaba el mismo trato para sus contratos que para los que se han aprobado durante los meses de mandato popular, en los que, según el portavoz socialista "no han predicado con el ejemplo". Así, Morlà, señalaba que los proyectos que a su parecer deberían ser revisados por la Sindicatura responden a la contratación del plan económico y financiero de tesorería, al aparcamiento habilitado cerca de la rotonda de acceso a Son Bou, la iluminación de las escaleras de Sant Jaume y el cierre de tres contenedores de basura en Cala en Porter. En este sentido, señalaba que la irregularidad en la contratación del proyecto de iluminación de las escaleras de Sant Jaume ya fue denunciado por la oposición y subsanado rápidamente por el equipo de gobierno.
Pero ayer Morlà sacaba a la luz otra contratación que, según el socialista, deja entrever "el mismo tipo de trato a favor a la empresa por la que trabaja el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento". En este caso, Morlà indicaba una incongruencia de los contratistas quienes "todos presentan cuantías superiores al precio de salida y el único que se ciñe al presupuesto de licitación, céntimo a céntimo, es Antonio Gomila". Morlà aseguró desconfiar de esta contratación puesto que "quien presenta oferta generalmente lo hace por debajo del coste de salida".
Por su parte, el portavoz de EM-IA, Josep Portella, tachó esta operación de claro "beneficio político" para tapar con el pasado la "no gestión municipal del presente". Además, lamentó "la falta de confianza del PP sobre el trabajo de los técnicos municipales" quienes emitieron, en su momento, los pertinentes informes sobre dichos contratos. Fanny Riudavets, portavoz del PSM, coincidió en dudar de que la voluntad municipal sea la de fiscalizar sino que, según la nacionalista, "se trata de una operación política para desprestigiar al anterior equipo de gobierno y vender humo". No obstante, indicó que en caso de ratificarse estas irregularidades, "apoyaremos al equipo de gobierno" puesto que "nuestra filosofía es gobernar con total transparencia", concluyó.
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