Dos días han pasado desde la entrada en vigor del decreto ley de reforma sanitaria aprobado por el Gobierno que excluye al colectivo de inmigrantes en situación irregular de la asistencia gratuita. El hecho de que la medida comenzara a aplicarse en sábado ha suavizado su puesta en marcha y, probablemente, hoy se conocerán las primeras consecuencias de esta norma. No obstante, los médicos de Menorca ya tienen una opinión formada al respecto y, la gran mayoría de los consultados por este diario aseguran que atenderá a los extranjeros sin permiso de residencia.
"Hemos de aportar nuestro granito de arena para que la asistencia sanitaria no suponga un gasto para las personas que lo tienen más difícil", indicó ayer el profesional de Atención Primaria de la Unidad Sanitaria de Sant Lluís, Antón Soler, quien precisó que esta medida supone una "involución" que debería evitarse.
Del mismo modo opina una médico especialista del Hospital Mateu Orfila de Maó quien afirmó que, a pesar de la nueva norma, "no vamos a preguntarle a ningún paciente si tiene tarjeta porque no es nuestro trabajo". No obstante, subrayó que las complicaciones se darán a nivel administrativo. Por su parte, el médico del Centro de Salud Verge del Toro de Maó, Luis Navas, remarcó que hasta el momento se ha atendido a todos los pacientes "y así continuará siendo".
Otros profesionales menorquines, como Pilar Taltavull, califican la reforma sanitaria de "injusta". "La salud es un derecho y, por tanto, esta medida es una de los recortes más graves que se están dando últimamente", dijo. La coordinadora del Centro de Salud Dalt Sant Joan de Maó remarcó que la gran mayoría de profesionales del ambulatorio de la calle Fornells está en desacuerdo con la norma de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y, por tanto, "atenderemos a todos aquellos que nos lo pidan", afirmó. Sin embargo, Taltavull desconoce todavía cómo reaccionarán los inmigrantes irregulares ante esta medida. "No sabemos si pedirán ayuda si la necesitan o si dejarán de acudir a los centros sanitarios", lamentó.
Una situación similar se vive en el centro de Atención Primaria de Alaior. Uno de los médicos de familia de la unidad sanitaria, Miquel Gelabert, subrayó que la mayoría de sus compañeros visitarán a cualquier persona que entre en el centro, "no nos miraremos si trae papeles o no", remarcó. En esta línea, Gelabert, precisó que atender a todos los pacientes es una norma implícita a la profesión de médico. "No puedes dejar de atender a una persona porque no tiene dinero", sentenció.
En la misma línea se pronunció el médico de Atención Primaria del Centro de Salud Verge del Toro, José María Coll, quien además ha ido más allá y ha recurrido a la objeción de conciencia para poder atender a los inmigrantes irregulares. A nivel autonómico, unos 90 médicos se han acogido a esta postura, según datos de la Sociedad Balear de Medicina Familiar y Comunitaria, de la que Coll es vocal en Menorca. Sus argumentos se basan especialmente en un conflicto ético y deontológico. "Cuando una norma administrativa y jurídica va en contra de tu código, éste prevalece", indicó.
No obstante, el profesional menorquín subrayó que, a pesar de que los médicos estén dispuestos a atender a los extranjeros sin permiso de residencia, los inmigrantes se enfrentarán a otros obstáculos de tipo administrativo. En este punto, Coll explicó que a los inmigrantes "sin papeles" que se presenten ante las oficinas de información de los centros sanitarios sin tarjeta no se les asignará ningún médico. "Los profesionales objetores sólo podrán atender a estos pacientes si acceden hasta la consulta directamente", precisó. Asimismo, el médico de familia recordó que en el momento en que una persona deje de formar parte del sistema sanitario no se podrá consultar su historia clínica, lo que también dificultará su tratamiento.
Por todo ello, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria reclama que las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España puedan ser atendidas gratuitamente a nivel primario y no tan sólo en los servicios de urgencias. Asimismo, solicitan que este colectivo tenga acceso a un catálogo de medicamentos básicos recomendado por la Organización Mundial de la Salud.
Otro de los profesionales de la Isla que se ha declarado objetor es el exgerente del Área de Salud de Menorca, Antoni Gómez Arbona quien, en una carta remitida a este diario, señala que su decisión se basa en el juramento hipocrático que establece que el médico "no permitirá que entre su deber y su enfermo se interpongan consideraciones de tipo religioso, de nacionalidad, de raza de partido o de clase". En esta línea, Gómez Arbona critica la medida aprobada por el Ejecutivo central al considerar que negar la asistencia a los inmigrantes indocumentados servirá para solucionar los problemas económicos del sistema sanitario. "Esta demostrado que este colectivo consume menos recursos sanitarios que la población autóctona", apunta antes de concluir que "hemos de ser ciegos o maleducados por pensar que negando la asistencia a ciudadanos de otros países solucionaremos nuestros problemas. Al revés, ya que sus enfermedades nos afectarán en un momento u otro, y sus epidemias serán nuestras, y su sufrimiento será nuestro".
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