El Parlament aprobó ayer, con los votos del Partido Popular, la modificación de la Ley de Función Pública, desoyendo la petición del Parlamento Europeo que, con fecha de 12 de julio, remitió un escrito al presidente del Govern, José Ramón Bauzá. Un texto en el que se solicitaba la retirada del proyecto de modificación de la ley, por afectar a la Ley de Normalización Lingüística y a la normativa contra la discriminación del catalán en la escuela.
Este documento redactado en el seno del Intergrupo de Minorías Tradicionales, Comunidades Nacionales y Lenguas del Parlament Europeo, ha venido motivado después que representantes del STEI Intersindical y de la Assemblea de Mestres i Professors en Català de les Illes Balears comparecieran el pasado 14 de junio en la sede parlamentaria de Estrasburgo, para denunciar la intención del Govern del PP de modificar la Ley de Función Pública.
Es en este contexto que desde Europa se han dirigido al presidente del Ejecutivo autonómico para "pediros que rectifiquéis vuestra política lingüística y que retiréis el proyecto de modificación de la ley de función pública". Una petición que llegaba "de acuerdo con el mandato que os otorga el Estatuto de Autonomía de ejercer la responsabilidad de velar y trabajar para que la lengua catalana, propia de las Illes Balears, alcance plena igualdad jurídica y social con el castellano, también lengua oficial, en todos los ámbitos de uso del idioma".
En el texto se habla también de la ruptura que con este cambio normativo se hace a los "más de 26 años" de consenso.
Sin embargo, el Govern ha desoído la petición llegada de Bruselas y no ha accedido a retirar el proyecto de modificación de una ley que ha acabado saliendo adelante con los votos de los diputados del Partido Popular.
Sesión parlamentaria
El rechazo del PSIB y el PSM-IV-ExM contra la modificación de la Ley de Función Pública no fue suficiente para frenar la política lingüística del PP, algo que para la oposición supone "la rebaja del catalán a lengua prescindible" y para el Govern implica que se "potenciará el aprendizaje y el conocimiento" de dicha lengua.
En la votación, que se hizo de manera pública y no siguiendo el procedimiento electrónico, el diputado no adscrito, Antoni Pastor (suspendido de militancia del PP por sus discrepancias internas en materia lingüística), votó 'sí' en los puntos 2, 4 y 10 del artículo único y 'no' en el resto del articulado.
La diputada por Formentera Margalida Font (tras el fin del pleno) pidió la palabra para expresar el sentido de su voto, pero ésta se le denegó debido a que no pertenece a ninguna formación.
Para el PSIB-PSOE, la aprobación supone que los ciudadanos tienen "menos libertades y derechos para usar su lengua en su tierra". La diputada socialista Pilar Costa dijo que "si el PP pusiera tanto énfasis en cumplir su programa electoral como lo tiene el conseller Simón Gornés en cambiar topónimos, no sufriríamos el peor ataque al Estado del Bienestar".
En respuesta, el diputado popular, Fernando Rubio, contestó que fueron los socialistas los que le quitaron "la 'h' a Mahón". "El PP no impone, da libertad. No ataca ninguna lengua, y ama a la lengua propia, defendiendo que su conocimiento sea un mérito, algo que no es el castellano".
En este sentido, Costa afirmó que al líder del Ejecutivo autonómico, José Ramón Bauzá, "le molesta ser el presidente de una Comunidad, le molestan las autonomías y más una que tiene lengua propia, así como competencias en Sanidad y Educación".
Rubio destacó que no se deroga la Ley de Normalización Lingüística, sino que se adaptan algunos de sus artículos. Además, reseñó que con la renovación de la Ley "se potencia el aprendizaje y conocimiento del catalán" por parte de quien no conoce la lengua.
Un "que se jodan" más
En su turno de réplica, el PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca señaló que la modificación supone un "que se jodan" a los catalanoparlantes, según expresó el diputado, Manel Martí, quien dijo que la aprobación va en la línea de "la maleducada Andrea Fabra".
Cabe destacar que antes de la aprobación de la modificación de la Ley, el Parlament rechazó que la misma se lleve al Consell Consultiu, porque, según la oposición, podría presentar visos de ilegalidad. Este hecho fue negado por el PP ya que, según explicaron, con las modificaciones, el articulado queda "más en sintonía con el Estatut de Autonomía y la Constitución Española".
Esto fue criticado ampliamente por la oposición, ya que supone, según lamentaron ambas formaciones, que el PP no se atreve someter su norma al Consell. Dentro de este debate, el portavoz del PSM-IV-ExM, Biel Barceló, aseveró que el PP relega el catalán "a una cuestión de indígenas, la lleva a un nivel secundario".
Movilización popular en las redes sociales y en la calle
Después que el Parlament aprobara la modificación de la ley, las redes sociales se convirtieron en punto de confluencia de miles de ciudadanos que mostraban su disconformidad con la política lingüística que está impulsando el Govern del Partido Popular.
Fue en Facebook y en Twitter donde se convocó una concentración en la Plaça de la Catedral de Ciutadella a las 20.30 horas, simultáneamente a las convocadas frente el Parlament, en Palma, y en el resto de municipios de Balears.
En todos ellos se leyó el manifiesto de la Obra Cultural Balear denunciando una "ley general contra el sistema lingüístico vigente" que rompe el consenso en el Archipiélago.
Además, se leyeron y se abuchearon los nombres de los diputados populares que, con su voto han permitido el cambio normativo.
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