El gobierno insular del PP ha legalizado en apenas un año casi tantas viviendas vacacionales como el Pacte en doce. Desde junio de 2011 hasta día de hoy, el Consell ha incorporado al mercado turístico 419 viviendas, frente a las 488 legalizadas entre 1988 y 2011, es decir, durante los gobiernos de izquierdas.
Cabe recordar que antes de la llegada del PSOE al gobierno insular en 1988, en Menorca había registradas ya 2.192 viviendas vacacionales. Con las sucesivas incorporaciones de años posteriores (arriba apuntadas), el número de viviendas turísticas suma en la actualidad 3.109. Hace unos días PIME solicitó al Consell añadir a esta cifra todas aquellas viviendas que dispongan de cédula de habitabilidad y cuyos propietarios deseen alquilarlas para uso turístico.
A juicio de la patronal con esta medida podrán incorporarse al mercado turístico viviendas que en la actualidad no tienen esta opción. Destaca que no sólo se ampliará la oferta de este tipo de alojamiento, sino que se evita su comercialización al margen de la legalidad (como sucede ahora), se contribuye a la desestacionalización y se beneficia a corto plazo a la economía menorquina al facilitar una mayor redistribución de los ingresos por turismo.
La oportunidad buscada
El planteamiento de PIME no es nuevo, pero según explica la coordinadora de Turismo de la entidad, María García, la actual tramitación de la futura Ley de Turismo de Balears por parte del Govern brinda una ocasión única para avanzar en esta materia.
"Es la oportunidad buscada, si se pierde esta posibilidad será difícil recuperarla. Esperamos que el Consell sea consciente de los beneficios que reportará esta propuesta a toda la economía menorquina. Nosotros lo tenemos claro", asevera.
El problema es que la propuesta llega tarde, ya que la ley se aprobará a mediados de julio. No obstante, el articulado deja la puerta abierta al desarrollo de reglamentos que regulen la especificidad de cada Isla y cabe la posibilidad de alcanzar algún tipo de consenso.
García reconoce que la cifra de viviendas vacacionales se incrementó en la Isla desde la aprobación del decreto 60/2009 que permite a cualquier propietario interesado poner en el mercado turístico su vivienda (con cédula de habitabilidad) previa inscripción y declaración jurada en el Consell.
Inspecciones
Sin embargo, el criterio de las inspecciones a las que deben someterse estas viviendas no está del todo claro, lo que genera malestar. "No entro en si la inspección lo hace bien o mal, solo que a veces no parecen ajustarse a la norma. La inscripción de la vivienda se supedita hoy día a lo que diga un inspector y creemos que esto no debe ser así", apunta.
En esta materia, el Consell ha mantenido que los inspectores aplican la normativa y se basan en criterios de calidad, incluso facilitan asesoramiento y ayuda a los propietarios.
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