El juicio sobre la demanda presentada por la mayoría de patronos de la Fundació Rubió i Tudurí contra Mercè Rubió y sus familiares, sobre los derechos de uso de éstos de la finca de Mongofra Nou, quedó ayer visto para sentencia. El presidente de la institución, Josep Maria Quintana, su antecesora en el cargo Mercè Rubió y varios testigos declararon en el Juzgado de lo Penal número 1 de Maó.
El abogado de la Fundació Rubió señaló que el origen de los derechos de uso de la finca de Mongofra a favor de los familiares del doctor Fernando Rubió se remonta a una reunión del Patronato del 19 de diciembre de 1993, presidida por el propio mecenas, y aseguró que "se trató de un acuerdo más, un acuerdo ordinario de gestión, por lo que era susceptible de ser revocado por otro acuerdo". El abogado recordó que los referidos derechos de uso fueron anulados por consenso en la reunión celebrada el 20 de julio de 2001, "por tanto con el acuerdo de Mercè Rubió, aunque no se llegó a aprobar el acta de la reunión". El 10 de octubre de 2009 se anularon dichos derechos por unanimidad y también quedó establecido el pago por la estancia para los familiares del mecenas, además de formalizarse posteriormente otro acuerdo con idéntico sentido, "ha habido tres acuerdos y no se han ejecutado, los derechos de uso son nulos", aseguró.
El letrado afirmó que la Constitución española de 1978 consagra la función social de la propiedad y, por otra parte, que el derecho español prohíbe las fundaciones familiares, "la legislación contempla el mandato de que no se puede beneficiar a los familiares del fundador hasta el 4º grado de parentesco", añadió. Además, recordó que en una inspección de la Agencia Tributaria se constató que la Fundación no destinaba el 70 por ciento de sus ingresos a los fines fundacionales, lo que atribuyó al elevado coste de mantenimiento de la finca y al derecho de uso de los familiares durante la época estival.
El abogado de Mercè Rubió recordó que el impulsor y primer presidente de la Fundación Rubió formalizó su voluntad de que los familiares gozaran de los derechos de uso de la finca en una escritura de 1993 y en los estatutos de la institución, además del "carácter personal y vitalicio del cargo de presidente a favor de su hija". El letrado se refirió a la "actitud de acoso y derribo" en contra de Mercè Rubió y justificó la celebración de numerosos juicios sobre el particular por "la determinada conducta de miembros del Patronato" y la posterior presentación de una moción de censura contra la anterior presidenta. En este sentido, el abogado señaló que Mercè Rubió intentó organizar varias actividades relacionadas con el objetivo fundacional, aunque siempre contó con la oposición del resto de patronos, por lo que no llegaron a celebrarse.
Asimismo, recalcó la voluntad del fundador reflejada en su testamento de la obligación de atender las posibles necesidades de sus familiares y subrayó que "los derechos de uso de la finca de Mongofra solo pueden modificarse con una sentencia firme". En este sentido, el letrado aseguró que "no se ha demostrado que la estancia de los familiares del fundador en la finca de Mongofra haya interferido en la celebración de actos culturales" y, para reafirmar este hecho, aludió a una anterior sentencia judicial que constataba esta circunstancia. El abogado recordó que uno de los tres informes solicitados para aclarar los derechos de uso de la finca asegura que las estancias de los familiares no representan un gravamen para la Fundació, además de constatar que la estancia estival en el predio iba a cargo del peculio de los usuarios, siguiendo el criterio establecido durante los inicios de la fundación.
En este aspecto, tanto la patrona Mercè Rubió como los familiares que testificaron en la sala expresaron sus discrepancias sobre el nuevo criterio económico del coste de las estancias en la finca establecido en 2001, que representó un incremento de hasta el 300 por ciento, además de asegurar que el Patronato en ningún momento exigió formalmente el abono de las cantidades adeudadas, que en 2010 ascendía a más de 60.000 euros.
El presidente de la Fundació, Josep Maria Quintana, justificó su ingreso en el Patronato por su voluntad de democratizar el funcionamiento del mismo y propiciar un clima de entendimiento en el seno de la institución. Recalcó la absolución de uno de los patronos por la presunta sustracción de fondos depositados en Suiza, "yo estuve en la apertura de la caja fuerte sellada y solo había documentos", aseguró y, por otra parte, defendió el carácter público de la fundación.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Menorca - Es diari
De momento no hay comentarios.