La modificación de la Ley de Función Pública que aprobó el Partido Popular (con el voto contrario del diputado Antoni Pastor) deja en manos de los ayuntamientos fijar el grado de exigencia de conocimiento del catalán entre los empleados que quieran contratar. Así lo explica el conseller de Administraciones Públicas del Govern balear, Simón Gornés, asegurando que "si un ayuntamiento considera que todos sus nuevos empleados públicos deben tener nivel de catalán, puede hacerlo determinándolo así en su relación de puestos de trabajo".
Gornés salió ayer así al paso de las numerosas críticas recibidas por la modificación de una ley que, desde numerosos sectores, se considera un paso atrás en la defensa de la lengua propia. En este sentido, apuntó que la rebaja de la exigencia del catalán, que pasa de ser requisito a tan solo un mérito, únicamente se aplica en el personal sanitario y en el de servicios generales (los funcionarios adscritos a las consellerias, excepto los vinculados con sanidad y educación). El conseller menorquín justifica la modificación de la ley por las últimas sentencias judiciales que, según Gornés, "nos dicen que no puede haber una lengua oficial que prevalezca sobre otra, estas son las líneas que marca la jurisprudencia". Además, Gornés se ampara en el programa electoral del Partido Popular, "que fue claro y extenso y que los ciudadanos nos encomendaron que aplicáramos". Con esta modificación de la ley, el conseller entiende que "ponemos facilidades para que vengan buenos profesionales a nuestra tierra. Sin esta medida, habría servicios que serían muy difíciles de cubrir, y por eso tenemos que abrir el abanico de opciones para que vengan los mejores profesionales".
Interpelado sobre la necesidad o no de esta modificación, y sobre si el PP ha creado un problema con la lengua donde supuestamente no existía, Gornés responde que "sí que era un problema, y así lo recogimos cuando elaborábamos nuestro programa electoral. Empezó a serlo cuando en el anterior mandato, se impuso el catalán como requisito para el personal del IB-Salut. Ése fue el catalizador que nos convenció de que el catalán como requisito no era un buen sistema".
Gornés considera "altamente improbable" que alguna persona catalanoparlante se dirija a la Administración y no pueda ser atendida en su lengua porque se encuentre ante sí un funcionario que ha accedido al puesto de trabajo con el catalán como mérito y no como requisito. "Cabe recordar que conocer catalán siempre puntuará más que no tenerlo, y además, todos los jóvenes que en el futuro puedan acceder a la función pública tienen ya un alto conocimiento de catalán", explicó.
El conseller de Administraciones Públicas se defiende de las críticas manteniendo que "los derechos de los catalanoparlantes están totalmente garantizados. Nuestro objetivo es mejorar la Administración. Hubiéramos podido adoptar esta medida a través de un decreto, pero hemos optado por tramitarlo como proyecto de ley para abrir el debate, sin rehuir el debate, e introduciendo algunas modificaciones al texto inicial".
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