El Gobierno pretende ahorrar 1,4 millones de euros con la decisión de no subvencionar los viajes en primera clase o 'business' tanto en transporte aéreo como marítimo entre la Península y las islas Canarias y Balears y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, según consta en una enmienda del Grupo Popular en el Senado al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2012, que gracias a la mayoría absoluta con la que cuenta el partido que sustenta al Ejecutivo será incorporada la próxima semana.
Según la modificación, que recoge Europa Press, las Cortes autorizan al Gobierno a que, a lo largo de este año, "modifique o, en su caso, reemplace el actual régimen de las subvenciones al transporte aéreo y marítimo por otro sistema de compensación" que, en cualquier caso, no podrá suponer "una disminución de la ayuda o un deterioro de la calidad del servicio".
De esta manera se pretende evitar la bonificación de los viajes en primera clase por "considerar que se cubre suficientemente la finalidad social de facilitar el acceso al transporte a los residentes extrapeninsulares bonificando las tarifas estándar sin que deban destinarse los recursos públicos -en particular en un contexto de contención del gasto- a financiar el acceso a categorías superiores cuyo coste, en todo caso, debe ser asumido por el viajero", justifican los 'populares'. Así, el Gobierno calcula que el impacto de este cambio será de 1,4 millones de euros de ahorro con respecto al proyecto de Presupuestos, si bien fija que "por tiempo indefinido" hasta que no se modifique el régimen de subvenciones "se bonificarán las cuantías de los billetes sobre las tarifas" del transporte marítimo, con excepción de la "diferencia respecto de las tarifas de butaca de clase superior o camarote ocupado por una sola persona".
ACREDITAR LA RESIDENCIA
Por otra parte, la enmienda también fija las condiciones para acreditar la residencia de los ciudadanos de las regiones mencionadas, con el fin de simplificar los trámites para poder acogerse a estas subvenciones.
Así, se precisa que a partir del 1 de septiembre "y con efectos indefinidos" la condición de residente en Canarias, Balears, Ceuta y Melilla se acreditará mediante el certificado de empadronamiento en vigor, si bien "podrán establecerse otros medios" en sustitución o complemento de éste.
Este plazo de más de dos meses (entre la aprobación de los Presupuestos y la entrada en vigor de este artículo) debería ser suficiente para que los residentes extrapeninsulares obtengan la documentación y para que las compañías aéreas "puedan introducir las modificaciones precisas, incluidas instrucciones al personal", para asegurar su aplicación.
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