La anulación del concurso para el PGOU de Ciutadella llega hasta los juzgados

El motivo esgrimido para llevar a cabo este recurso ante los juzgados es su intención de "dejar constancia "de lo injusto de la anulación y "para dignificar la profesión ante decisiones injustificadas de las administraciones".

El 17 de diciembre de 2010 la mesa de contratación decidió anular el proceso de licitación para la adjudicación de la redacción del nuevo PGOU de la ciudad, al considerar los servicios jurídicos y técnicos municipales que las bases eran incorrectas. Se detectó que había una fórmula matemática equivocada en relación a los plazos de ejecución.

Según estaba estipulado en las bases, la puntuación máxima que podían obtener los licitantes era de nueve puntos por acortar los plazos de entrega del proyecto, cuando en realidad debían ser diez. Así, el pliego de condiciones contemplaba que los participantes podían obtener un máximo de 55 puntos para las cuestiones técnicas, un máximo de 35 en función de la oferta económica y hasta nueve por la rapidez de entrega. Eso significaba que el equipo redactor vencedor solo podría alcanzar los 99 puntos en el concurso cuando la máxima puntuación debía ser de cien puntos.

Primer recurso

La anulación del concurso público, que se adoptó por este error en la redacción del pliego de condiciones, motivó un recurso de reposición ante el propio Ayuntamiento por parte del grupo dirigido por Amador Ferrer, una acción que fue desestimada por el equipo de gobierno formado por PSOE y PSM, dirigido por la alcaldesa Pilar Carbonero, responsable también entonces del área de Urbanismo.

Cabe recordar que la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana salía a concurso por 531.000, IVA incluido, y que una vez anulado se inició un segundo proceso de licitación, al que también se presentó el gabinete de Ferrer Aixala. Sin embargo, la mesa de contratación decidió conceder el trabajo al gabinete Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio, por un montante total de 360.000 euros, IVA aparte. Su oferta económica rebajaba considerablemente el precio de salida, hasta 90.000 euros por debajo. Este es el mismo equipo técnico que se encargó de la redacción del Plan Territorial Insular (PTI).

A los tribunales

Así, ahora, los abogados del grupo técnico encabezado por Amador Ferrer han interpuesto ya la correspondiente acción contra el Ayuntamiento de Ciutadella. "Solo quedábamos dos equipos, y solo faltaba por abrir los sobres con las ofertas económicas. Yo creo que los dos licitantes estábamos dispuestos a asumir la puntuación total de 99 puntos, porque eso no justificaba la anulación del concurso", recuerda Ferrer, quien considera "muy extraño que el jurado, en lugar de resolver la situación decidiera anular el proceso, cuando el jurado tiene las competencias para dirimir cualquier cosa que pueda ocurrir".

De hecho, aseguran que "hablamos con el Colegio de Arquitectos de Balears y nos dieron la razón, lo que se hizo es injusto y queremos que quede demostrado". "Con este recurso no conseguiremos recuperar la adjudicación, es por la defensa de la profesión, para que los ayuntamientos aprendan que hay que actuar de forma ética en los concursos y para que sean transparentes", expuso el arquitecto.

No era la primera vez que el arquitecto Amador Ferrer Aixala optaba a la redacción de un PGOU en Menorca. De hecho, de su despacho salió el planeamiento urbano de Maó "en tiempos de Borja Carreras", recuerda Ferrer.

"Se anuló cuando teníamos más puntos que el otro grupo"

Amador Ferrer recuerda que el Ayuntamiento decidió anular el concurso cuando tan solo quedaban por analizar las propuestas económicas de los dos equipos técnicos que quedaban en el proceso, después que de las siete empresas licitantes, dos hubieran quedado descartadas por presentar sus ofertas fuera de plazo y tres hubieran sido excluidas por falta de solvencia técnica.

"Según el expediente, de los dos finalistas que había éramos los que teníamos más puntos, a falta de abrir los sobres con las ofertas económicas. Pero no se llegaron a abrir, aún estarán por ahí, en el Ayuntamiento", señala Ferrer, molesto por la decisión tomada por el Consistorio.