Fue el 19 de enero de 2005 cuando Sebastià Marquès Llufriu, propietario hasta ese momento de un solar en la entrada de Ciutadella, conocido como el de "ses Rates", se presentó en una notaría de Es Mercadal junto con el empresario mallorquín Antoni Picó Ginard para firmar el cambio de titular de los terrenos. Marquès lo hizo después de ser convencido, según la Fiscalía, por el entonces concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Ciutadella, Llorenç Casasnovas, y accedió a vender un solar que Picó Ginard y Casasnovas pretendían después permutar con otros terrenos municipales con el objetivo último, concluye la Fiscalía, de beneficiar económicamente al empresario mallorquín a costa de las arcas públicas.
Desde esa fecha hasta hoy han pasado siete años y 94 días, y mañana puede ser el día en que estos hechos presuntamente delictivos sean juzgados, o posiblemente queden vistos para sentencia. Mañana es el día señalado para iniciar el juicio oral que sentará en el banquillo de los acusados a Llorenç Casasnovas, Antoni Picó Ginard, Avel·lí Casasnovas y tres técnicos. En principio, el juicio tenía pocas opciones de continuidad por las dudas sobre la competencia de la Audiencia Provincial para ver este caso. Pero este periódico ha podido saber que en las últimas horas se han intensificado las negociaciones entre las partes implicadas en este caso para buscar un acuerdo de conformidad que evite el juicio.
Fuentes del caso aseguran que es la Fiscalía quien promueve este acuerdo, que podría suponer una reducción de las penas que este mismo ministerio pedía para los imputados en su escrito de acusación. Los motivos que han llevado a la búsqueda de este acuerdo son varios. Por un lado, la distancia temporal entre los hechos juzgados y la celebración del juicio. Por otro lado, tal y como ya informó este periódico, el cambio de guión que se produjo en este caso tras el fallecimiento de Sebastià Marquès, que ejercía la acusación particular. Y en tercer lugar también juega un papel en este hipotético acuerdo el gran volumen de casos a juzgar en la Audiencia, y la voluntad de ir finiquitando causas de la manera más rápida posible.
La materialización o no de este acuerdo dependerá de las negociaciones que se mantengan en estas últimas horas, y de la predisposición de todas partes representadas en este juicio de alcanzar esta entente. En este caso, seis imputados, más la Fiscalía y la acusación popular que ejerce el PSOE.
Llorenç Casasnovas es quien acumula una mayor petición de condenas en la causa. La Fiscalía le acusa de los presuntos delitos de negociaciones prohibidas, fraude a la administración, falsedad por funcionario en documento oficial en concepto de inductor, malversación y tráfico de influencias. Por todos estos ilícitos, la Fiscalía pide siete años de prisión para el ex concejal del PMQ, así como una multa de 75.000 euros. Para el empresario Antoni Picó Ginard, acusado de fraude a la administración y malversación en concepto de inductor, la Fiscalía solicita una pena de un año y diez meses de prisión. Sobre Avel·lí Casasnovas, la Fiscalía le considera responsable de los presuntos delitos de fraude a la administración y malversación, aunque ambos ilícitos en el papel de colaborador necesario. En su exposición de motivos, la Fiscalía recuerda que fue Avel·lí Casasnovas quien propuso al pleno del Ayuntamiento permutar el solar propiedad de Antoni Picó por otro de titularidad municipal con el que el mallorquín ganaba 288.513,17 euros. No obstante, el propio fiscal también recuerda que "una vez se conoció públicamente el perjuicio para el Ayuntamiento, propuso la retirada de la propuesta de permuta en el pleno".
Para los otros tres técnicos imputados en el caso, la Fiscalía solicita penas que oscilan entre dos y cuatro años de prisión.
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