Un año atrás, el móvil de varios periodistas sonaba muy pronto. "La Guardia Civil está en el Ayuntamiento de Ciutadella, parece que lo de CITUR ha estallado", nos comentaban. El desembarco en Menorca de la Fiscalía Anticorrupción para investigar las irregularidades detectadas en el área de Turismo del Consistorio creó una gran expectación, y marcó un punto de inflexión en la investigación de un caso que se conoció como Operación Xoriguer. Ahora, un año después, la fase de investigación parece prácticamente terminada, aunque no se descartan sorpresas.
Las diligencias ordenadas hasta ahora por la juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Ciutadella ocupan más de 6.000 folios. Mucho papel en el que constan declaraciones de testigos e imputados, entre los que se halla la anterior cúpula del Ayuntamiento de Ciutadella cuando Llorenç Brondo era el alcalde, Avel·lí Casasnovas su mano derecha y Gabriel Cardona concejal de Turismo. Antònia Gener y Antònia Salord también están imputadas, al igual que algunos empresarios, técnicos y funcionarios municipales. Varias fuentes judiciales recuerdan que la imputación no debe entenderse forzosamente como un estado de inculpación, sino como una figura mediante la cual la persona puede defenderse mejor. Sea como sea, las fuentes jurídicas consultadas por este periódico, mayoritariamente, entienden que la fase de investigación podría darse pronto por terminada.
"Ya está todo bendecido", apuntaba un jurista. Otro aducía que "se han hecho muchas diligencias en muchos sentidos". Si finalmente esta fase de investigación se diera por cerrada en breve, la juez pasaría la documentación a la Fiscalía y también a la acusación particular, ejercida en este caso por UPCM, para que éstos formularan su escrito de acusación. Sería en este escrito en el que las partes decidirían a qué personas finalmente acusan y de qué delitos. Cabe la posibilidad que se reduzca la lista actual de imputados, o también que se amplíe, aunque la hipótesis más manejada es la primera. Cuando la juez reciba estos escritos, será la encargada de decidir si abre juicio, y contra quien.
De todos modos, algún abogado aún puede guardarse algún as en la manga. Así lo han admitido las fuentes consultadas por este periódico. "Quizás pidamos más pruebas y más declaraciones", confiesa una de las partes. De hecho, es sabido ya que la defensa de Gabriel Cardona quiere que el interventor del Ayuntamiento dé su versión de los hechos, por lo que probablemente solicitará que comparezca ante la juez en calidad de testigo. Esta petición tendría lugar antes de que la juez diera por acabadas las diligencias, lo que dilataría más la investigación y retrasaría un posible juicio.
El papel que pueda jugar el abogado de Gabriel Cardona en este caso, se antoja importante. Hasta ahora, ha sido la parte más activa en el proceso, y desde el principio ha defendido que su cliente, si es que ha cometido alguna irregularidad, no ha incurrido en ningún delito, sino en errores administrativos. Así lo ha asegurado en varias ocasiones y lo mantiene a día de hoy, un año después de que el caso estallara a nivel mediático en todo el país.
La estrategia que pueda seguir, y la de los demás abogados de todas las partes imputadas, es ahora mismo una incógnita, pero sí se intuye ya que el proceso no será precisamente rápido. "Esto va para largo", admite una de las partes. No en vano, la lista de imputados es larga, se han realizado diligencias vía exhorto fuera del término municipal y es posible que aún tengan que practicarse más pruebas. Seguramente, apuntan algunos juristas, aún queden por investigar algunas empresas que trabajaron directa o indirectamente para CITUR, el ente creado para potenciar la política turística en Ciutadella que se ha hecho más famoso por sus derivas judiciales que no por su labor. Tanto es así que esta entidad tiene fecha de caducidad, en parte por culpa de su historia judicial.
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