El pasado viernes, el Gobierno central incluyó dentro de su paquete de medidas económicas un incremento del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), un tributo que cobran los ayuntamientos que durante los dos próximos años se modificará al alza de forma temporal, según el Ejecutivo central. Ayer lunes, ninguno de los consistorios menorquines sabía cómo debía aplicar esta medida, y muchos de ellos admitían que la medida les pillaba por sorpresa y les generaba confusión y en algunos casos malestar.
La medida anunciada por la vicepresidenta Soraya Sáenz consiste en un incremento del tipo impositivo, pero solamente para la mitad de las viviendas del municipio, las más caras. Además, el incremento del impuesto también varía en función del último año en que se ha revisado el valor de la vivienda que sirve para calcular el importe del tributo (valor catastral).
Así, para los municipios que revisaron por última vez el valor catastral antes de 2002, el aumento del impuesto será del 10 por ciento. Si la revisión se hizo entre 2003 y 2005, el incremento será del 6 por ciento.
Por último, aquellos ayuntamientos que revisaron los valores entre 2009 y 2012, deberán subir el tipo impositivo un 4 por ciento. Como se observa, quedan exentos de la subida los municipios que actualizaron el valor catastral entre 2006 y 2008, al considerarse que la burbuja inmobiliaria fijó unos valores catastrales por encima de su coste real.
Tras esta explicación, el primer dato objetivo, y seguramente uno de los pocos que queda claro, es que Sant Lluís se libra de esta subida del IBI. La última revisión catastral en este municipio se realizó en el año 2007, con lo que no se ve afectado por la medida del Gobierno central. Así, la bajada aplicada por el equipo de gobierno, pasando el tipo del 0,61 al 0,555 no se verá alterada. En el resto de municipios, la confusión es la nota predominante.
En el caso de Maó, por ejemplo, el equipo de gobierno ha reducido el tipo impositivo pasando del 0,73 al 0,68. Esta medida ya ha sido aprobada y publicada, por lo que desde el Consistorio admiten estar sorprendidos por el anuncio del Gobierno de Mariano Rajoy. Recuerdan que el Ayuntamiento había hecho un esfuerzo para poder bajar el impuesto, y ahora éste seguramente deberá volver a incrementarse por una decisión ajena al Consistorio, y prácticamente quedará al nivel en que estaba antes de la rebaja.
En Ciutadella, la situación es diferente. En principio, según el anuncio del Gobierno central, el Consistorio debería incrementar el IBI un 10 por ciento, puesto que su última revisión catastral data de 2002. Si se aplicara la normativa de manera estricta, este año tocaría realizar una nueva actualización del catastro, pues se realiza cada diez años. No obstante, el equipo de gobierno había decidido no solicitar esta revisión, previendo que a la práctica, podría suponer un aumento de lo que pagan los ciudadanos con el IBI.
Ahora, la decisión del Ejecutivo central puede comportar esta misma consecuencia que se quería evitar, con lo que algunos gobernantes admiten que "estudiaremos detenidamente si podemos evitar esta medida".
Otro Consistorio como el de Ferreries se muestra sorprendido por el anuncio del Gobierno central. A la espera de conocer la letra pequeña de la propuesta, desde el equipo de gobierno aseguran que si hubieran conocido antes las intenciones del Gobierno central, quizás se habrían planteado una reducción del tipo impositivo, para que, una vez aplicada la subida dictada desde La Moncloa, el impuesto quedara igual.
¿DÓNDE IRÁ EL DINERO?
En muchos ayuntamientos esperan conocer el detalle de la medida para despejar las dudas. Entre ellas, saber dónde irán a parar los recursos extra que se ingresen con esta medida. En principio, según el acuerdo del Consejo de Ministros, los 918 millones de euros que se prevén recaudar deben destinarse directamente a los ayuntamientos "para no poner en peligro el objetivo de estabilidad presupuestaria".
Ahora bien, diversos consistorios, tanto del PP como del PSOE, expresan su temor de que lo que ingresen de más con esta subida de impuestos después dejen de ingresarlo mediante las transferencias directas del Estado. Es decir, que el Gobierno central reduzca su aportación a los ayuntamientos una vez éstos obtienen más ingresos a través de sus propios impuestos.
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