De nuevo la desaladora en el centro de la polémica política. El pleno de anoche en el Ayuntamiento de Ciutadella sirvió, por una parte, para ver como el equipo de gobierno rebajaba su oposición a la conexión entre la desaladora y los depósitos municipales, y por otra, la determinación de todos los partidos de no consumir ni una gota de agua desalada hasta que el Govern no clarifique su precio y éste sea asumible por parte de los ciutadellencs.
El debate surgió por la propuesta presentada por UPCM, en la que solicitaba, primero, que los ciutadellencs no carguen con todos los costes de la desaladora, y segundo, que el Consistorio inste al Govern a desistir del proyecto para conectar la desaladora con los depósitos municipales hasta que se garantice un precio asequible para los consumidores. Ésta última postura había sido defendida públicamente por el alcalde, José María de Sintas quien, a pesar de que el Govern había asegurado que la obra se ejecutaría, mantenía su firme oposición. Ayer, el portavoz del equipo de gobierno, Ramon Sampol, verbalizó lo que muchos ya suponían: "No tenemos medios legales para oponernos a esta conexión", aseguró. Ante esta situación, añadió Sampol, "lo más sensato es acordar el trazado de la canalización con el Govern, pero eso no quiere decir que consumamos el agua. Ellos tendrán la tubería, pero nosotros no abriremos el grifo si durante este período no se nos garantiza un precio razonable".
PSOE y PSM también declinaron oponerse directamente a la obra, puesto que consideraron que no era el meollo de la cuestión. Los dos partidos de izquierda quieren que el Govern clarifique de una vez cuál va a ser la repercusión de la desaladora. La socialista Pilar Carbonero concretó la petición reclamando que los consumidores de Ciutadella no tengan que asumir los gastos de construcción de la desaladora, sino solamente los gastos de servicio y mantenimiento, es decir, el coste de producir agua, pero no el de construir la instalación que la produce. En este punto, Carbonero aseguró que, según sus cálculos, si no se repercute la construcción en las tarifas finales, el agua podría salir a 0,75 euros por metro cúbico, cuando el precio que maneja el Govern oscila entre los 1,20 y los 1,40 euros.
Joan Triay puso en duda los cálculos de Carbonero, y aseguró que "la mejor manera para garantizar un precio justo del agua es no dejar conectar la desaladora con los depósitos municipales". En este sentido, el portavoz de UPCM aseguró que "nuestro deber sería ahorrar a los ciudadanos los 3,5 millones de euros que cuesta esta obra si, tal como dicen ustedes (dirigiéndose al resto de partidos), no van a abrir el grifo para que entre el agua desalada". Además, Triay apuntó a PSOE y PP, asegurando que "cuando la conexión esté lista, estos partidos recibirán presiones mucho más intensas que las actuales para comprar agua". Fue en este punto cuando el portavoz del equipo de gobierno salió en defensa del alcalde (a quien todos los partidos felicitaron por su posición firme en defensa de los intereses de Ciutadella en este tema), asegurando que "el alcalde tiene presiones, sí, pero hasta ahora las ha soportado bien, y lo seguirá haciendo". Sampol prometió que, más allá de cuestiones de partido, "nuestro primer compromiso es con el pueblo de Ciutadella".
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