Ser niño y pobre en un país desarrollado como España no significa necesariamente pasar hambre, pero sí tener más posibilidades de malnutrición, de no poder sufragar gastos derivados de la educación, de no contar con prestaciones sanitarias que no tienen cobertura pública, de ser víctima de situaciones familiares difíciles y deterioradas por la falta de recursos económicos. Son problemas detectados también en Menorca, aseguró ayer la secretaria general de Caritas Diocesana, Antònia Florit, que generan sentimientos negativos (vergüenza, inferioridad, rechazo, prejuicios) y que, a medio y largo plazo derivan en la exclusión social.
Para hacer visibles los problemas de la infancia, agudizados por una crisis que, en palabras del trabajador social, Juan Manuel Gil, "está golpeando fuerte a los más vulnerables" y que ha llevado a familias de clase media a llamar a las puertas de servicios sociales y organizaciones humanitarias, ha nacido de la mano de Caritas un grupo de reflexión y debate para crear una conciencia colectiva sobre la necesidad de proteger a los niños. "L'àgora per a la infància", como se ha denominado dicho grupo, está formado por profesionales de distintos sectores que, a título personal, se han adherido a la declaración impulsora del proyecto, presentado ayer en Maó.
Además de intentar que administraciones y entidades de distintos ámbitos se sumen al grupo, entre las acciones que plantea el colectivo está la creación de un observatorio para el análisis de datos y el diagnóstico de los principales problemas que afectan a la infancia en la Isla. Otro objetivo más ambicioso, a largo plazo, sería contar con un pacto por la infancia en Menorca.
Un primer análisis presentado por el grupo señala que el apoyo a las funciones de crianza y educación de las familias, y la ayuda ante las dificultades que deben afrontar, "es todavía la parte más débil de nuestro sistema de protección social". Caritas Diocesana atendió, según datos cerrados el pasado 30 de septiembre, a más de 900 personas y familias, un 20 por ciento de las cuales eran madres solas con hijos a su cargo (familias monoparentales) y un 30 por ciento eran parejas (de entre 30 y 44 años) con hijos. Según explicó Antònia Florit, las ayudas concedidas fueron de tres tipos: en especies (vales para ropa, muebles, electrodomésticos, alimentos, pañales o leche de continuación para bebés); económicas (para alimentación, farmacia, apoyo al hogar o transporte); y de servicios, como visitas a domicilio, información, orientación y asesoramiento, talleres, acompañamientos y tramitación de certificados y empadronamientos.
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