A partir del 1 de enero de 2012 los ayuntamientos de Maó y Ciutadella asumirán la gestión del servicio de las dos casas de acogida que hasta ahora dependían de Caritas Diocesana, y que en estos momentos registran una elevada demanda de personas sin techo o en situaciones de dificultad económica. La secretaria general de la entidad, Antònia Florit, confirmó ayer que las negociaciones mantenidas con ambos consistorios darán lugar a la no renovación de los convenios por los que, durante años, Caritas se ha hecho cargo de la atención a los transeúntes.
Los motivos que han llevado a esta decisión son de tipo estratégico y económico. La responsable de Caritas afirmó que "en un proceso estratégico y de reflexión" la entidad inicia el traspaso a las administraciones de algunos servicios que, por ley, son de competencia municipal. Es el caso de la atención a las personas sin hogar, ya que la Ley balear de Servicios Sociales establece que en las ciudades de más de 20.000 habitantes este servicio corra a cargo de los ayuntamientos.
Las casas de acogida son propiedad del Obispado, y a partir de enero de 2012 los dos ayuntamientos pagarán un alquiler por su utilización, en lugar de firmar la ayuda anual concedida a Caritas. Una subvención que, tal y como señaló la secretaria general, no cubría el coste real del funcionamiento de las casas de acogida. En Maó, el convenio fijaba una aportación municipal de 74.000 euros anuales pero Caritas recurría a fondos propios para el mantenimiento del centro, que fue reformado y sin barreras arquitectónicas. En Maó el convenio de la Casa de Acogida estaba vigente desde el año 1994, mientras que en Ciutadella se firmó por primera vez en 1998.
Retraso de las ayudas
Entre los motivos para ceder "un proyecto muy querido" por Caritas, según declaró Florit, está también el problema del impago de las ayudas públicas. "El retraso es tan grande en el pago de las facturas de la Administración que Caritas tiene dificultades de tesorería para avanzar tantos meses, a veces estamos hasta años para cobrar", afirmó la responsable de la entidad.
No obstante Florit señaló que la entidad mantendrá la ayuda a personas sin hogar con su proyecto de pisos compartidos, un alojamiento alternativo de mayor duración, que está dirigido a personas con problemas con mayores dificultades de inserción laboral o a familias monoparentales. La coyuntura actual, aseguró Florit, "ha creado esta situación de urgencia", en la que se unen las dificultades económicas y el proceso iniciado por Caritas de "devolver" a las administraciones los servicios que son "su responsabilidad", para que la entidad "se dedique a otros servicios y proyectos que sean complementarios".
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