El punto más problemático, entre las 65 deficiencias detectadas por el Consell en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Maó, es el relativo al cálculo sobre la capacidad de población potencial a la que puede llegar el municipio con su desarrollo. Un cálculo al que obliga el Decreto 2/1996 del Govern y que "condiciona otros aspectos" del plan, como la reserva de suelo para equipamientos.
Así lo afirmó ayer la teniente de Alcaldía de Urbanismo, Ana Lía Noval, quien aseguró que otros fallos detectados en el nuevo PGOU "son más fáciles de subsanar, son de concepto o de redacción", pero la no inclusión del cálculo de población que contempla la normativa vigente "interfiere en diferentes aspectos" del planeamiento. El citado decreto obliga a fijar en todas las zonas del plan los índices de intensidad de uso residencial y turístico, aunque posibilita la exoneración de las zonas de vivienda unifamiliar en las que el número de viviendas posibles en cada parcela venga determinado por ordenanzas asimilables a los índices de intensidad de uso, siempre que no se superen las capacidades máximas de población asignadas por el PGOU. Cabe recordar que con la revisión del Plan General se fijó un techo de población de 37.000 habitantes para el año 2026, con un aumento de unos 7.000 habitantes a 15 años vista.
Otras deficiencias detectadas se refieren a la necesidad de eliminar, en cumplimiento con la Ley de Espacios Naturales, la parte de equipamiento educativo previsto en Dalt Sant Joan que se sitúa en suelo calificado como rústico protegido; o la eliminación asimismo de los ámbitos previstos para ampliar el cementerio, por hallarse en un suelo con riesgo de inundación, así como de parte del equipamiento educativo situado en suelo rústico en la Vía de Ronda. Noval declaró que "ni siquiera nos hemos planteado agotar la fecha del 14 de febrero de 2012, ni volver atrás, al Plan de 1987, hemos acordado un calendario hacia atrás, desde esa fecha hasta hoy, y estamos trabajando en la corrección de las deficiencias con los técnicos del Consell, para que éste lo apruebe en el pleno de enero". La aprobación será con prescripciones y obligará a que antes, en el pleno de diciembre, el Ayuntamiento de Maó, también apruebe la revisión.
La concesión de licencias municipales se realizó, aclaró la concejala, según el PGOU vigente de 1987 pero teniendo en cuenta las novedades que incluye el plan revisado, lo que hace que algunos permisos queden en suspenso.
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