Sanz. El diputado durante la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales celebrada ayer - P.PP.

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La polémica sobre el centro penitenciario de Maó ha dado una nueva vuelta de tuerca. En esta ocasión, la controversia surgida en relación a la prisión se ha trasladado a la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales durante la que ayer se aprobó una Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular a través de la que el Parlament balear instará al Ministerio de Interior a suspender el traslado de nuevos presos a la cárcel mahonesa por razones de seguridad.

La propuesta fue defendida por el diputado popular Alejandro Sanz, quien hizo hincapié en las denuncias vertidas por la Unión Federal de la Policía (UFP) que, el pasado mes de octubre, alertó del incremento de delitos cometidos por presos de la cárcel de Maó recién salidos en libertad o de permiso.

Sanz subrayó que el probable aumento de la inseguridad ciudadana ya fue denunciado por el PP y, en este sentido, acusó a los anteriores equipos de gobierno del Consell y del Ayuntamiento de Maó, así como al director insular de la Administración General del Estado, Javier Tejero, de hacer caso omiso las reservas de su formación respecto a la construcción del centro penitenciario.

"No tomaron en consideración las amenazas que planteamos y, desgraciadamente, los hechos nos han dado la razón", espetó el diputado.
Por otro lado, Sanz acusó al Ministerio de Interior de "engañar" a los ciudadanos menorquines al asegurar que la infraestructura ubicada en la carretera que une Maó y Sant Lluís sería un centro de reinserción social.

Asimismo, el diputado menorquín remarcó que el departamento encabezado por el ya exministro Antonio Camacho indicó en su momento que el centro tan sólo alojaría a internos vinculados a la Isla, una promesa que, según Sanz, no se ha cumplido. "En la práctica no ha sido así ya que muchos reclusos proceden de la Península", matizó .
Por todo ello, el diputado instó al Ministerio a dotar a Maó de las nuevas plazas de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así como a habilitar un módulo para internos de la prisión dentro del Hospital Mateu Orfila, con el objetivo de evitar situaciones violentas en el centro hospitalario.