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Manuel Velarte se incorporará a su plaza como interventor en el Ayuntamiento de Maó a mediados del próximo mes de noviembre, tal y como establece la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB).

Así lo avanzó ayer el primer teniente de alcalde y responsable del área de Servicios Generales, Salvador Botella, quien anunció que el equipo de gobierno no descarta reclamar responsabilidades a los representantes de la anterior corporación que votaron a favor del cese del interventor.

"El debate se está llevando a cabo a nivel interno y todavía no hemos llegado a un acuerdo", indicó el concejal, quien apuntó la posibilidad de que el Ayuntamiento abra un expediente para esclarecer lo sucedido hasta que Velarte fue suspendido de sus funciones en enero de 2009.

Aclaración

Tras recibir la sentencia que dictaminaba la readmisión del interventor municipal, así como la obligación de abonarle las retribuciones dejadas de cobrar desde que fue suspendido cautelarmente, que alcanzan los 150.000 euros, el Ayuntamiento solicitó al TSJIB una interpretación de la resolución judicial.

Sin embargo, el tribunal ha considerado que no ha lugar a una aclaración de la sentencia y establece los plazos procesales para dar cumplimiento a la misma.

En este sentido, Botella aseguró que el equipo de gobierno "tiene la voluntad de cumplir la sentencia dentro de los plazos previstos" aunque matizó que "hay algunos interrogantes que estamos intentando resolver". En concreto, el edil indicó que el Ayuntamiento ha solicitado información al Servicio Público de Empleo Estatal para clarificar algunos detalles sobre el pago a Velarte de las retribuciones no abonadas.

Botella destacó que, en un principio, el Ayuntamiento debería hacerse cargo de este gasto aunque consideró que el Govern también tiene responsabilidades, al haber ratificado el cese del funcionario interino en enero de 2009.

La Dirección General de Función Pública del Ejecutivo autonómico anunció el pasado mes de junio la elaboración de un informe sobre la suspensión del interventor, a través del que se pretendía dilucidar si la administración está obligada a pagar las retribuciones no cobradas. El teniente de alcalde avanzó que el Govern ya ha concluido el informe aunque éste todavía no ha sido remitido al Ayuntamiento.