La deuda que las administraciones públicas mantienen con el Fons Menorquí de Cooperació pone en jaque a la principal entidad solidaria de la Isla. El efecto del impago no se traduce solamente en proyectos que pretendían llevarse a cabo y que, por falta de dinero, no se podrán materializar. Hay iniciativas solidarias en marcha que ya han recibido una primera aportación económica que podrían quedar inacabadas o incluso perder su sentido si no se paga la parte que falta.
De entrada, cabe situar el volumen real de la deuda de las administraciones, pues el importe es mayor del que se había difundido ayer. En total, el Govern balear, el Consell y los ayuntamientos (a excepción del de Ciutadella, que es el único que está al día de los pagos comprometidos) deben 1.423.424,10 euros al Fons. Esta cantidad incluye la financiación de los proyectos solidarios, las labores de sensibilización que realiza la entidad y los gastos propios de funcionamiento. De todo este dinero, 1.048.845,39 euros debía ir directamente a proyectos en países del sur, pero no llega porque las administraciones no lo hacen llegar, a su vez, al Fons Menorquí.
Los efectos de este millón de euros sin pagar son diferentes según el proyecto que se mire. De entrada, son 41 las iniciativas solidarias que se ven afectadas por esta situación. De éstas, 19 no han recibido aún ni un euro, y las 22 restantes han obtenido la mitad del presupuesto prometido. En el caso de los proyectos pendientes de la totalidad del pago, la situación es obvia: no se ejecutan porque no hay dinero. Pero es que los proyectos que han recibido la mitad del presupuesto pueden encontrarse en una situación tremendamente compleja. Un ejemplo puede servir para entender mejor la situación.
Uno de los proyectos impulsados por el Fons es la construcción de viviendas en la Índia. En este caso, se ha realizado el primer pago, correspondiente al 50 por ciento del coste. Esto supone que la edificación puede haber comenzado, y que quizás, la estructura de las viviendas está ya materializada, pero falta el cerramiento, la cubierta o el tejado. Si no llega el dinero para culminar la segunda fase de este proyecto, esta estructura queda inacabada. Además, si se produce un episodio de lluvias fuertes, como acostumbra a pasar, es posible que esta estructura se venga abajo y que, por tanto, el presupuesto invertido hasta la fecha no haya servido para nada. Idéntica suerte pueden correr proyectos como la edificación de escuelas, aquellos relacionados con el mundo agrícola y la producción de semillas, o iniciativas de formación que quedarán inacabadas.
Es este panorama el que motivó a los responsables del Fons a realizar una llamada urgente a los ayuntamientos en la última reunión de alcaldes. Pedían el pago de una parte de la deuda para evitar que estos proyectos, pendientes del segundo pago, se pierdan. En total, 372.710,20 euros, es decir, algo más de una tercera parte de la deuda total.
Esta fue una de las últimas decisiones del Fons para hacer frente a su delicada situación económica. Anteriormente, habían decidido prorrogar los pagos desde marzo de 2011. Lo hacían, explican desde la entidad, pensando que en próximos meses las administraciones realizarían sus aportaciones y podrían retomar los pagos. Pero mes tras mes, la medida se iba prorrogando, hasta que se ha decidido, como informaba ayer este periódico, suspender la convocatoria de nuevos proyectos para el próximo año. Es decir, el Fons tiró de realismo y, viendo que no hay dinero ni para pagar los proyectos en marcha o en cartera, no era conveniente pensar en nuevas iniciativas.
Ante esta situación, y conscientes de la falta de liquidez, el Fons trasladó la situación a las ONG con las que trabaja. El acuerdo que se alcanzó con estas entidades es una especie de autorregulación. A medida que entre el dinero, serán las propias entidades quienes decidirán a qué proyecto debe destinarse, atendiendo a la prioridad y urgencia de cada uno de ellos.
Más allá de las dificultades que los impagos aportan a los proyectos solidarios, la deuda también afecta a la labor y a la estructura del Fons. Así, la entidad ha tenido que adaptar su plantilla a la nueva situación económica, y ha prescindido de dos trabajadores, uno del área de sensibilización y otro de administración. Así, la entidad ha pasado de tener cinco empleados, a quedarse con tres.
Para la presidenta del Fons, Begoña Jusué, la situación actual de la entidad responde a un panorama económico global "que nadie se esperaba y que impide que las administraciones hagan frente a sus compromisos". Jusué asegura que "estamos intentando que todas las administraciones realicen sus pagos, y han habido algunas que han hecho aportaciones, pero entiendo que es difícil". Jusué se muestra esperanzada en la voluntad de todas las administraciones. "Creo que la deuda se acabará saldando, pero no creo que sea en este año", explica.
De cara al futuro, y ante las perspectivas de recortes presupuestarios anunciadas por todas las administraciones, Jusué admite que "probablemente nuestra capacidad económica disminuirá el próximo año". No obstante, y a pesar de esta certeza, Jusué se marca un objetivo: conseguir que ninguna administración disminuya el porcentaje de su presupuesto que dedica al Fons.
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