El Tribunal Supremo admitió a trámite el pasado mes de noviembre un recurso de casación presentado por la sociedad Playas de Tirant, propietaria de un superficie de 64 hectáreas en una zona donde la aprobación de las DOT frustró un proyecto de urbanización de un hotel de 150 habitaciones y 250 apartamentos, para garantizarse una reclamación patrimonial por importe cercano a los 20 millones de euros. La sociedad promotora defiende que la Administración pública debe hacerse con la propiedad de estos terrenos que están calificados como Suelo Rústico Protegido, al objeto de promover el estudio científico y la divulgación medioambiental.
La sociedad Playas de Tirant presentó en diciembre de 2007 un recurso contencioso-administrativo en el que exigía la reposición de los costes y las pérdidas que había provocado la aplicación de las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT), en relación a los terrenos de 640.696 metros cuadrados situados en el margen izquierdo de Cala Tirant. El Tribunal Superior de Justicia de Balears estimó parcialmente el recurso en septiembre de 2010, al reconocer una indemnización de 900.000 euros, cantidad que Playas de Fornells consideró insuficiente. En este sentido, el accionista y consejero de Playas de Fornells, Fernando Cirera, señala que "entiendo que la Administración apruebe las DOT para preservar unos terrenos por sus valores medioambientales, pero también debe aceptarse una responsabilidad patrimonial pública que compense todos los gastos que asumió nuestra empresa: compra de los terrenos, proyecto de urbanización, arquitectos, abogados y notarías, entre otros".
Playas de Tirant considera que la Administración pública debe hacerse con la propiedad de los terrenos, que están calificados como Área Natural de Interés Territorial (ANIT) y Área de Protección Territorial (APT), para poder desarrollar políticas de conservación medioambiental y organizar actividades docentes y científicas. De hecho, el pasado mes de enero la sociedad promotora entregó por escrito al Consell insular y al Ayuntamiento de Es Mercadal una propuesta de adquisición de las 12 fincas que forman los terrenos por parte de las diferentes Administraciones, en el marco del programa denominado "Estrategia para la gestión integrada de la costa de Menorca". No obstante, Fernando Cirera lamenta el silencio del Consell y Ayuntamiento sobre su propuesta, "desde entonces no hemos recibido ninguna respuesta por escrito o verbal, a pesar de hacernos ver que nuestra idea tenía todo el sentido común. Nos preocupa el poco interés demostrado, parece que dándole una calificación urbanística ya está todo hecho. Debe haber una actuación coherente de la Administración, no tiene sentido que se protejan unos terrenos y después se permitan actuaciones irregulares", asegura. Cirera se refiere a un grupo de 10 viviendas alegales que se construyeron a principios de la década de 1980 que no disponen de agua corriente ni alcantarillado y que, según asegura, "tienen electricidad de una forma ilegal al haber hecho el Ayuntamiento una conexión eléctrica, traspasando un cable para llegar a estas viviendas por terrenos de nuestra propiedad sin habernos solicitado permiso". Además, Cirera añade que "hace unos dos años presenté una denuncia ante el Ayuntamiento indicando la falta de alcantarillado y la posible contaminación de la finca protegida con aguas residuales. Aún no he recibido ningún tipo de respuesta por este asunto".
El consejero de Playas de Tirant subraya la incoherencia que presenta la finca de su propiedad, "por una parte, tiene una calificación urbanística que preserva enormemente su calidad medioambiental, mientras que por otra tiene un uso absolutamente descontrolado desde el punto de vista de accesos, de actuaciones en las viviendas alegales sin servicios mínimos e incluso en la contaminación del suelo".
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