Redacción MenorcaMaó08/07/11 0:00
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Representantes del Consell, los ayuntamientos, los agentes sociales y las asociaciones de inmigrantes han sido informados hoy de las novedades que introduce el Real Decreto 557/2011, de 30 de abril, en materia de extranjería en el transcurso de dos reuniones técnicas celebradas en la sede de la Dirección Insular de la Administración General del Estado. Tras el encuentro, al que también han asistido técnicos de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) y del Servicio Público de Empleo (SEPE), el director insular de la Administración, Javier Tejero, ha explicado que la nueva normativa, que entró en vigor el pasado 30 de junio, introduce cambios en la Ley de Extranjería que afectan a cuestiones como la obtención de los permisos de residencia, la reagrupación familiar o, entre otras, la protección de las mujeres inmigrantes víctimas de la violencia de género.

Así, según ha señalado el secretario general de la Dirección de la Administración del Estado en la Isla, Javier Bermejo, el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 consta de 266 artículos y 25 disposiciones adicionales frente a los 65 artículos y 18 disposiciones del reglamento vigente hasta ahora.

El nuevo reglamento "aporta criterios más objetivos y deja poco lugar a la duda y la interpretación" ha afirmado Bermejo, quien considera que la norma será beneficiosa para los extranjeros residentes en España.

El Real Decreto presentado ayer a las administraciones, patronales, sindicatos y técnicos que deben aplicarlo en Menorca ofrece nuevas opciones de reagrupación familiar, como las relativas a los ascendientes menores de 65 años y a las relaciones análogas a la conyugal; contempla la posibilidad de que inmigrantes en paro puedan renovar su residencia si su cónyuge cumple los requisitos para la reagrupación; en el caso de tener menores a su cargo, se exige su escolarización para la renovación de los permisos; flexibiliza el catálogo de puestos de difícil cobertura, mediante el cuál los extranjeros pueden entrar en el país con un puesto de trabajo y los empresarios cubrir los empleos para los que no encuentran demandantes en España; y en cuanto a la població femenina, la existencia de una orden judicial o un informe del fiscal sobre un caso de violencia de género permitirá a las mujeres inmigrantes obtener los permisos de residencia y de trabajo provisionales, que se harán extensibles a sus hijos.