La propiedad del complejo de Cala Llonga pasa al BBVA

Ese es uno de los procesos que ha concluido después de que en noviembre de 2007 el Ayuntamiento de Maó ordenara la paralización de las obras alegando un exceso de altura en el bloque y presionado tanto por la protesta vecinal, debido al impacto visual del proyecto, como por la oposición del Grupo Popular, ahora en el gobierno con Águeda Reynés como alcaldesa. El PP alegaba entonces que el error inicial se produjo en la aprobación de un plan parcial para la zona de Cala Llonga que permitía concentraciones de edificabilidad, en lugar de sólo mantener la tipología de viviendas aisladas o bungalows.

Pero la aldea turística promete ser un quebradero de cabeza urbanística que se prolongará durante el mandato que acaba de comenzar, ya que la promotora, como confirmó ayer su abogado, Bernabé Utrera, mantiene el contencioso contra el Consistorio, que podría derivar en la reclamación de una indemnización millonaria si los juzgados determinan que la paralización de las obras no fue justificada. La promotora alega que la orden municipal se basa en que edificaron sin licencia "cuando sí la teníamos". Asimismo, el letrado añadió que el Ayuntamiento aún no se ha pronunciado sobre el recurso de reposición que presentó la promotora contra la denegación de la licencia al proyecto reformado, que se presentó tras la inspección municipal que constató el exceso de altura, y que el expediente sancionador abierto bajo la alcaldía de Vicenç Tur ha caducado.