El culebrón en que se ha convertido el proceso expropiatorio de Santa Rita puede vivir en los próximos días un nuevo capítulo. Uno de los propietarios de los terrenos, el abogado Carlos Dubon, confía que en breve, los juzgados de Ciutadella dicten sentencia sobre la reclamación interpuesta en enero del pasado año. Mediante este paso, se reclamaba el pago de los 60 euros por metro cuadrado que en su día, bajo el gobierno del PP y el PMQ, aprobó el Ayuntamiento de Ciutadella como precio de expropiación de los terrenos.
El letrado entiende que, una vez el Consistorio ha aprobado el valor de 60 euros y ha confeccionado un plan de pago en base a esta cifra, él tiene derecho a cobrar. Por su parte, el Ayuntamiento de Ciutadella se ha defendido asegurando que en su día acordó el pago de esta cantidad en seis años, y que por lo tanto ya está afrontando las anualidades correspondientes. En principio, el juzgado que estudia este caso debe pronunciarse en breve sobre uno de los varios frentes judiciales abiertos en un proceso expropiatorio del que aún no se vislumbra el final.
Otro proceso abierto es la iniciativa del actual equipo de gobierno mediante la cual pretende anular el acuerdo del gobierno PP-PMQ por el que se valoraban los terrenos de Santa Rita a razón de 60 euros el metro cuadrado. El proceso, técnicamente llamado expediente de lesividad, sigue su curso, y este periódico ha tenido acceso a la demanda que el Consistorio interpuso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. En base al informe encargado a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la demanda critica la decisión del gobierno de 2006 de pasar de 9,27 euros por metro a 60 sin ningún aval técnico. Así, la demanda concluye que este acto administrativo no se ajusta a derecho en base a tres argumentos. El primero, "ser un acto favorable para los expropiados" y no para la administración pública. El segundo, "es un acto anulable ya que la valoración que hizo el Ayuntamiento fue errónea y constituye un error sustancial constitutivo de ilegalidad". El tercer argumento apunta a que "se trata de un acto lesivo para el interés público, pues la cantidad en que fueron valorados los bienes por los acuerdos del pleno del Ayuntamiento de Ciutadella es claramente superior a la que debía haberse obtenido si se hubieran aplicado correctamente los criterios legales de valoración del suelo. La cantidad acordada ha producido un claro perjuicio para la Corporación".
En base a esta argumentación, el Consistorio pretende que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo anule el acuerdo de pleno de valoración de los terrenos en 60 euros el metro cuadrado, para poder iniciar de nuevo el proceso en base a los precios que se aportaron en el estudio de la UPC, y que suponían un coste hasta diez veces inferior para las arcas municipales.
Independientemente de estos procesos, otro frente permanece abierto en otro tribunal. Se trata de la reclamación de los propietarios de los terrenos, que reclaman mucho más dinero de los 60 euros por metro cuadrado que el actual gobierno pretende rebajar.
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