La compañía Kraft Foods informó ayer que está siendo gravemente perjudicada por los "incumplimientos de Quesería Menorquina" y anunció que tomará las medidas necesarias para paliar sus efectos además de exigir las responsabilidades pertinentes. Nueva Rumasa aún adeuda alrededor de 1,4 millones de euros a la multinacional norteamericana por la compra de la factoría menorquina en junio de 2009, una operación que incluía además las marcas Tranchettes, Sante y Quesilete.
Kraft denuncia que la familia Ruiz Mateos ha dejado de abonar los pagarés por esta transacción y de cumplir el contrato de co-manufactura por el que Quesería Menorquina se comprometía a proveer de 2.700 toneladas al año de queso fundido a Kraft hasta junio de 2012. Los pagarés se han refinanciado dos veces y los incumplimientos en la entrega de suministros "han alcanzado niveles de máxima gravedad" en el último mes y medio, según denuncia la multinacional. El plazo de 30 días dado por la compañía norteamericana para que Nueva Rumasa ponga al día sus pagos y reanude el servicio expira hoy.
Además, Kraft Foods remarcó ayer que "nunca" ha contemplado la posibilidad de retomar la gestión de Quesería Menorquina. Aseguró que ni ha mantenido ni mantendrá conversaciones o negociaciones con ninguna parte interesada para hacerse de nuevo con las riendas de la factoría menorquina.
En el mismo sentido se expresó ayer la consellera de Economía y Medio Ambiente, Antonia Allès. "Kraft se marchó de Menorca voluntariamente y, por tanto, no volverá", puntualizó. Allès hizo un llamamiento a la prudencia e insistió en que tanto la administración insular como el Ejecutivo autonómico "siempre han considerado que Menorca no puede permitir que esta empresa cierre".
La consellera admitió que se trata de un "proceso muy complejo y difícil" pero que desde hace meses se trabaja para garantizar la viabilidad de la factoría, sin dar más detalles sobre las medidas que se están tomado por parte de las administraciones.
El aparthotel Hotasa Sea Club de Cala en Forcat está en venta
Nueva Rumasa ha puesto a la venta los quince hoteles de España que integra bajo el grupo Hotasa, actualmente en fase 'preconcursal', con la intención de desprenderse de ellos en bloque, agrupados o de forma individual. Entre ellos se encuentra el aparthotel Hotasa Sea Club de Cala en Forcat (Ciutadella), un complejo de 148 apartamentos.
El 'holding' ha contratado a la consultora internacional Christie+Co para asesorarle en la venta de dichos activos, siete de ellos ubicados en Balears, seis en Canarias y dos en Andalucía, con lo que Nueva Rumasa solo se quedaría, en principio, con el complejo turístico que la familia posee en Santo Domingo (República Dominicana).
Todos los hoteles suman una plantilla de 1.100 trabajadores. La directora general de Christie+Co, Inmaculada Ranera, destacó que todos son rentables y están "muy bien posicionados" en su segmento.
La familia Ruiz-Mateos insiste en que los inversores cobrarán
La familia Ruiz Mateos insistió ayer en que los inversores particulares que suscribieron alguna de las cuatro emisiones de pagarés o de las dos participaciones sociales emitidas a lo largo de los dos últimos años por empresas de su propiedad "cobrarán".
Este comunicado se produjo tras el anuncio de que el fondo de capital riesgo Oaktree auditará todas las empresas del grupo durante siete días antes de tomar una eventual decisión de inversión. Fuentes cercanas a la compañía indicaron que no se trata del único fondo con el que mantiene conversaciones la familia Ruiz Mateos, sino que existen otros dos al que el 'holding' podría acudir en el caso de las negociaciones con Oaktree no fructificaran. "En paralelo se están viendo otras posibilidades".
La semana que viene es decisiva para Nueva Rumasa, ya que conocerá la decisión final de Oaktree Capital y se enfrentará a la manifestación que han convocado CCOO y UGT el próximo sábado en Madrid, en la que los trabajadores reclamarán a la empresa los más de tres millones de euros que les adeuda.
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