El responsable de producción ganadera de la Comisión Ejecutiva de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), José Luis Iranzo, anunció ayer que presionarán al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino para que los ganaderos sean los primeros en cobrar si Nueva Rumasa presenta un concurso de acreedores.
Iranzo aseguró que la situación de los ganaderos es "límite", ya que hay muchos que llevan hasta un año sin cobrar, por lo que la agrupación va a intentar "por todos los medios" que los ganaderos "que se han quedado por el camino" cobren y recuperen el cien por cien de sus pérdidas.
Asimismo, el responsable de COAG manifestó que la Administración ha sido "lenta", pues, a su juicio, "todo el mundo veía cosas raras", y "simplemente" si se hubiera aplicado la Ley de Morosidad a 30 días para que las empresas pagaran a los proveedores "no se hubiera llegado a este desenlace" y se evitarían "muchos quebraderos de cabeza".
Además, aparte de los impagos, que estima en más de 7.200 millones de euros, Iranzo subrayó el problema al que se enfrentan los ganaderos "al no saber donde colocar la leche", ya que "Nueva Rumasa compró empresas en todas las zonas y lo que hizo fue casi un dumping y un monopolio en las zonas donde se implantó".
Por este motivo, la Coordinadora estatal considera que la Administración "debe interceder" para dar salida a la nueva leche y que los ganaderos y las cooperativas que proporcionaban esta materia prima a Nueva Rumasa vean satisfechos sus cobros, ya que, según Iranzo, el grupo "tiene instalaciones" y la propia compañía afirma que "tiene capitales".
El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Lorenzo Ramos, ha recomendado a los agricultores extremeños que no hagan contratos con Carcesa, empresa del conglomerado de Nueva Rumasa, sin tener garantías de cobro, ya que "todavía no ha pagado lo que debe del año pasado, más de dos millones de euros".
Ramos ha criticado que muchos agricultores de Extremadura "están entregando tomate sin ninguna garantía" y "están soportando la mala gestión o los problemas que haya tenido Rumasa".
Además, ha destacado su preocupación por los trabajadores de un sector "muy importante", del que "viven muchos agricultores extremeños" y que "agrega mucha mano de obra y mueve mucho dinero en la Comunidad Autónoma". Otro problema al que se enfrentan los agricultores de tomate, que ya tienen sus fincas y su maquinaria, es el excedente que se ha generado, por lo que tienen que conseguir que otras empresas les hagan contratos o bien "dedicarse a sembrar otros cultivos".
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