A medida que se van celebrando los juicios por los hortales de Ciutadella, los denunciados acatan su responsabilidad y alcanzan un acuerdo con la acusación mediante la cual, implícitamente, admiten la irregularidad de sus actuaciones. Esto ha sido así en 20 de los 21 juicios que se han celebrado en la Isla en esta materia, según aseguran fuentes judiciales.
El proceso judicial contra los hortales, que dio comienzo en el año 2006, se ha demostrado mucho menos polémico de lo que se preveía. De las protestas iniciales por la judicialización de este asunto se ha pasado al asentimiento del 95 por ciento de los denunciados hasta ahora. Solamente en un caso el juicio no se resolvió mediante un acuerdo entre el acusado y el ministerio fiscal, y el juez dictó una sentencia condenatoria. En este caso, el acusado recurrió esta decisión ante la Audiencia Provincial de Palma, quien corroboró punto por punto la sentencia dictada por el juez de lo Penal.
De todos modos, cabe dejar claro que las condenas que deben asumir los propietarios de los hortales denunciados son bastante suaves, según admiten fuentes judiciales. En algunos casos, la sanción económica propuesta inicialmente por el Ministerio Fiscal se ha reducido hasta diez veces, pasando de una multa de 24.000 euros a otra de 3.650, por ejemplo.
En otros casos, la multa económica impuesta ha sido similar a pesar de la disparidad de la irregularidad, puesto que se multó con 4.320 euros a quien construyó ilegalmente 90 metros cuadrados, y exactamente la misma cantidad tuvo que abonar el responsable de construir 42 metros de manera irregular.
En cambio, en otro juicio, una vecina tuvo que hacer frente a una sanción de 5.400 metros por construir incluso menos que la condena anterior, 40 metros cuadrados en suelo rústico y sin licencia alguna. De momento, la multa más cuantiosa la ha tenido que asumir el propietario de una vivienda unifamiliar de madera de unos 70 metros cuadrados. La sanción ascendió a 7.200 euros, aunque la petición inicial era de 21.000 euros.
Los juicios por las construcciones irregulares en los hortales aún no han acabado. Faltan aún casos por resolver. Desde el Tribunal Superior de Justicia de Balears no tienen una estimación de los asuntos que quedan por ver, pero si se tiene en cuenta que de las 79 denuncias iniciales se archivaron prácticamente la mitad por haber prescrito, y se han juzgado 21 casos, todo apunta a que restan por dilucidar una veintena.
De todos modos, el proceso judicial contra los hortales es independiente al que se pueda emprender por vía administrativa. Así, cabe recordar que por ahora, ninguna de las sentencias y acuerdos en relación a esta temática se ha saldado con la demolición de las construcciones ilegales.
Ciutadella cuenta con quince núcleos rurales que bordean el casco urbano, y su legalización continúa siendo la asignatura pendiente del Ayuntamiento de Poniente tras muchos años con este tema, y a pesar que se han iniciado los trámites para regularizar alguna de las zonas, hasta el momento el proceso no se ha culminado en ningún punto del municipio.
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