El comité de empresa de Quesería Menorquina y el sindicato Comisiones Obreras, único con representación en la fábrica mahonesa, anunció ayer la puesta en marcha de una batería de acciones penales, civiles, mercantiles, administrativas y laborales "contra los testaferros del Grupo Nueva Rumasa en la Isla y contra la familia Ruiz Mateos", a los que acusa de "no dar la cara", de "falta de credibilidad" y hace responsables de la "grave situación" por la que atraviesa la factoría. El anuncio se hizo público después de que la planta viviera una nueva jornada de paro total forzoso de la producción por falta de materia prima según informó el presidente del comité de empresa, Antonio Olives.
El secretario general de la Federación Estatal de Agroalimentaria de CCOO, Jesús Villar, advirtió que algunas de estas iniciativas ya han comenzado su curso legal (sin especificar cuáles) y aseveró que la mayoría cuentan con el apoyo del Govern y otras instituciones afectadas, entre las que citó bancos, transportistas y proveedores (los payeses no cobran desde octubre), víctimas de los impagos de Quesería Menorquina por falta de liquidez. "Si esta familia no desaparece de la Isla de forma voluntaria o por vía judicial, la empresa, que creemos es viable, lo tendrá difícil", sentenció Villar ante los medios de comunicación, acompañado por miembros del comité de empresa, del sindicato y varias empleadas, apenas unas horas después de que los trabajadores reunidos en asamblea dieran su apoyo "unánime" a las acciones del comité.
Entre estas también destaca la exigencia a la familia Ruiz Mateos de trasladar de forma inmediata a otro inmueble de su propiedad el aval hipotecario de 15 millones de euros que pesa sobre la fábrica mahonesa y que ahora está en manos de una filial del Banco Santander "y ha estado tentado de ejecutarlo". Villar considera "imprescindible" eliminar esta "losa mortal" porque no sólo mina la credibilidad de la factoría, sino que impide pagar las materias primas y hacer frente a los pedidos por falta de tesorería. En este sentido, advirtió sobre la crítica situación que atraviesan otras factorías del grupo Nueva Rumasa como la empresa láctea Clesa. El diario "Cinco Dias" informó ayer que un juzgado de Madrid ha embargado sus cuentas y bienes por 36 millones de euros en respuesta a una demanda por impago reclamada por un banco escocés. "Esto es una cadena imparable. Es una burbuja hotelera, inmobiliaria y agroalimentaria que pinchará a no tardar", auguró Villar para quien el problema de liquidez del grupo no es coyuntural sino estructural. El secretario general de la Federación Agroalimentaria de CCOO afirmó que el comité al igual que otras instituciones han planteado a Nueva Rumasa salidas alternativas como el alquiler de la fábrica siempre y cuando la familia Ruiz Mateos abandone la gestión y elimine el "lastre" del aval bancario. Cuando esto suceda, señaló, se debe iniciar un proceso de transición "de varios meses o varios años" para que un nuevo operador o una empresa pública reflote la factoría.
La economía isleña en riesgo
La incertidumbre sobre el posible cierre de la fábrica del antiguo El Caserío vuelve a quitar el sueño a la plantilla de Quesería Menorquina. La desaparición de la factoría no sólo supondrá la pérdida de 189 puestos de trabajo directos, sino una cifra mayor de puestos indirectos entre los que se contabilizan los payeses que suministran la cuajada y los mismos transportistas, entre otros sectores ligados a la histórica planta mahonesa. En este sentido, el secretario general de CCOO en Menorca, Ramon Carreras advirtió del impacto económico que el cierre tendría en la Isla. "Sería un torpedo a la línea de flotación", espetó de forma gráfica. "Si para la fábrica supondría una disminución importante de frecuencias en los barcos y el aumento automático de los fletes", auguró. "Menorca le dice a Ruiz Mateos que se vaya de la Isla porque no tiene credibilidad ni de bancos ni de proveedores".
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