El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Maó ha presentado un recurso de reposición contra la revisión de precios del servicio público de recogida de basuras, aprobada en el pleno del pasado mes de diciembre con los votos de la mayoría de izquierdas y la abstención de 'populares' y Ciudadanos de Menorca (CMe). Ahora la oposición quiere que se anule dicho acuerdo plenario por considerar que es contrario al propio contrato de la concesión, que no establece una "actualización automática" del precio, "como nos pretendió hacer creer en el pleno el equipo de gobierno", señaló ayer el Grupo del PP en un comunicado.
En la sesión del pasado 21 de diciembre se aprobó la revisión del precio de la concesión de la recogida de residuos urbanos y la limpieza viaria a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), con un aumento de 40.743 euros sobre el canon anual de 2008. El equipo de gobierno argumentó la petición de la concesionaria de revisar los precios para ajustarlos a una subida del IPC del 1,7 por ciento, por lo que el coste del servicio en 2011 asciende a 2.437.422 euros.
El recurso de reposición presentado por el PP se basa en que en el expediente llevado a la aprobación del pleno no existe ninguna justificación para la subida, sólo un certificado del IPC, "y por tanto es clarísimo que se vulnera el propio contrato, en perjuicio de los intereses del Ayuntamiento".
El contrato con FCC señala, en su cláusula 21, referida a la revisión del precio, que "anualmente, a propuesta justificada de la concesionaria, se revisará el precio de la contratación". "El contratista -añade-, no podrá solicitar la revisión del canon hasta que no haya transcurrido un año desde la última revisión".
La oposición denuncia asimismo el incumplimiento del contrato por parte de FCC en diversos apartados: eliminación de malas hierbas de espacios públicos, limpieza del polígono industrial, retirada de excrementos de animales, limpieza de contenedores, adhesivos del mobiliario urbano y hojas de arbolado y la eliminación de residuos incontrolados.
El PP reitera sus críticas al equipo de gobierno por no hacer cumplir las condiciones del contrato, que ha pasado de costar 1.800.000 euros en 2004, año en el que se aprobó la concesión, a los 2.437.422 euros en 2011, más de 600.000 euros de aumento.
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