La portavoz del Govern, Joana Barceló, ha defendido la presunción de inocencia del presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Francesc Triay, debido a que no hay "ningún tipo de acusación probada" contra él, a pesar de que está imputado en la Operación Mar Blau, que investiga un presunto trato de favor que habría recibido Trapsa Yates en la concesión de la gestión de los amarres del puerto de Maó.
Tras la reunión del Consell de Govern, Barceló ha subrayado que la postura del Ejecutivo es que mientras una persona esté imputada y no se decreten medidas cautelares contra ella, "hay que defender la presunción de inocencia", por lo que se descarta, de momento, solicitar al Ejecutivo central que lo cese en su cargo.
"Una imputación no es una condena", ha recalcado Barceló, quien ha esperado que la Justicia "clarifique perfectamente la actuación de Triay", si bien ha insistido en que la presunción de inocencia "se mantiene durante todo el proceso".
Así, ha expresado su "máximo respeto" al trabajo de la Administración de Justicia "en todos los casos y, evidentemente, en éste". En este sentido, ha dicho que el Govern "no avanzará más cosas", mientras no se adopten medidas cautelares contra el presidente de la Autoridad Portuaria.
Concretamente, las irregularidades investigadas por la Fiscalía en estas diligencias indagan la posible comisión de delitos de cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, alteración de precios en concursos y subasta pública y estafa, en los que habrían incurrido funcionarios de la APB en el marco de las citadas adjudicaciones de los amarres del puerto de Maó.
Entre los imputados, se encuentra el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y propietario del conglomerado de empresas Trapsa Yates, Gerardo Díaz Ferrán, quien comparecerá este viernes en dependencias policiales de Madrid en el marco de esta Operación.
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