El parlamentario del PP José María Rodríguez ha considerado que el delegado del Gobierno, Ramón Socías, está "muy callado" respecto a la Operación Mar Blau, en la que se investigan concesiones presuntamente irregulares desde Autoridad Portuaria de Baleares (APB), por lo que, a su juicio, debería dar explicaciones, teniendo en cuenta que se trata de un organismo que "depende del Estado".
En una rueda de prensa, Rodríguez ha criticado el silencio de Socías sobre esta operación en la que ya están implicadas, al menos, cinco personas, ya que, en otras ocasiones, el delegado del Gobierno "sale con más bravuconadas". "Socías siempre habla cuando es de los demás, mientras que cuando le afecta a él, no sé por qué no habla", ha aseverado, al tiempo que ha apuntado que se trata de una ocasión "magnífica para defender la gestión de la autoridad del Estado".
Pese a que ha recordado que el Ejecutivo central nombra al presidente de la Autoridad Portuaria a propuesta del presidente del Govern, este organismo "depende del Ministerio de Fomento, tanto en su funcionamiento, inspección, ejecución y gestión", por lo que, según ha insistido, es el momento "oportuno" para que Socías "diga su versión de los hechos".
Así, ha mostrado su "seguridad" de que en lo que se está investigando "ha intervenido la autoridad del Estado" y, en este sentido, ha recordado que desde el 2004, en Baleares, las empresas de Puertos "dependen del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero", mientras que Joan Verger fue nombrado presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares entre 2003 a 2007 a propuesta del presidente de la Comunidad Autónoma".
Rodríguez ha apuntado que una muestra de que este organismo depende del Estado, es la respuesta que el actual presidente de la APB, Francesc Triay, dio a la Comisión de Ordenación Territorial del Parlament el pasado 22 de octubre, cuando este organismo le había solicitado el 21 de septiembre que compareciera para explicar la continuidad de la concesión otorgada al Club Náutico de Ibiza.
Concretamente, Triay subrayó que no tenía la obligación de comparecer ante la Cámara balear, debido a que el presidente de la APB "no es autoridad, ni funcionario público de la Comunidad Autónoma", ya que los presidentes de las Autoridades Portuarias son altos cargos de la Administración General del Estado, debido "a las funciones que desarrollan en su condición de presidentes de un organismo público dependiente de la Administración General del Estado".
Así, Triay manifestó que en el ejercicio de la labor de los presidentes de las Autoridades Portuarias, "se debe preservar al máximo la objetividad, la imparcialidad y la independencia".
"No sé ni quién está implicado, ni voy a enjuiciar a nadie, pero estoy seguro de que Socías, que era delegado del Gobierno cuando Verger presidía la Autoridad Portuaria de Baleares, explicará por qué la Fiscalía está inspeccionando a un organismo público del Estado", ha concluido Rodríguez.
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