Agentes de la Policía, acompañados de dos fiscales, registraron durante la mañana de ayer la oficina de la empresa concesionaria de los amarres del Moll de Llevant Trapsa Yates en el puerto de Maó. El registro se enmarca dentro de la operación Mar Blau, iniciada ayer por orden del Juzgado de Instrucción número 8 de Palma a instancias de la Fiscalía Anticorrupción que investiga un presunto trato de favor a Trapsa por parte de funcionarios de Autoridad Portuaria de Balears (APB) en la adjudicación de amares en varios puertos del Archipiélago, entre ellos el de Maó.
La empresa Trapsa Yates, creada en 1990, pertenece al empresario Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la CEOE y se dedica a los servicios de mantenimiento y reparación de embarcaciones, y explotación de puertos deportivos. En concreto, se investiga la posible comisión de delitos de cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, alteración de precios en concursos y subasta pública y estafa, en los que habrían incurrido funcionarios de APB.
De forma paralela al registro de la oficina menorquina, los agentes y efectivos de Hacienda, así como el propio juez instructor del caso, Antoni Rotger, hacían lo mismo en la sede de Autoridad Portuaria de Palma. Entre las dependencias registradas estaba el despacho actual del director de este organismo, Ángel Matías. Asimismo se registraron las dos oficinas de la empresa privada ligada a Díaz Ferrán en la capital balear y en un domicilio particular también de Palma.
En la oficina Marina Mahón, en el 303 del Moll de Llevant, se encontraban en ese momento dos trabajadores. Varios agentes y dos fiscales se encargaron de realizar las pesquisas acompañados por la secretaria del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Maó. A su salida, uno de los agentes portaba una caja archivadora con documentos.
Posible Amaño
El juzgado de Instrucción número 8 de Palma investiga el caso desde hace años, en concreto la supuesta comisión de diversos delitos de corrupción, entre ellos un supuesto amaño previo a la resolución del concurso de adjudicación de los amarres del Moll de Llevant que perdió el Club Marítimo en favor de Trapsa cuando Joan Verger presidía APB.
El supuesto amaño, al margen de la adjudicación, habría quedado grabado en un conversación entre Verger, el director de la entidad, Ángel Matías, el máximo responsable entonces del Marítimo, Luis Barca, y el gerente del Club, Ignacio Marra. Precisamente, en la jornada de ayer, después de registrar la oficina menorquina de Trapsa, varios policías se dirigieron hacia la sede del Club Marítimo de Mahón.
Los agentes no llevaron a cabo ningún registro en las dependencias del Club, tan sólo solicitaron al gerente una ampliación de las dos declaraciones en calidad de testigo que ya había realizado semanas atrás en las sedes policiales de Maó y de Palma.
La operación policial la llevan a cabo funcionarios adscritos al Grupo de Delincuencia Económica de la Jefatura Superior de Policía, coordinados por el juez y el ministerio fiscal. Además de la concesión del Moll de Llevant también se investiga otras adjudicaciones a esta empresa privada en varios puertos de las Islas.
Al cierre de esta edición no se descartaban detenciones en la operación Mar Blau donde el juez podría imputar incluso al propio Gerardo Díaz Ferrán.
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