Carpintería. Las empresas auxiliares piden medidas liberalizadoras - Archivo

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PIME remitirá escritos al Consell, los ayuntamientos y Govern balear para que cumplan con los plazos de pago a proveedores establecidos en la Ley de Lucha contra la Morosidad, modificada el pasado verano y que señala la obligación de pago en el plazo de 55 días para el año en curso y de 50 días para el próximo año. Ésta es una de las propuestas acordadas en una reunión celebrada recientemente por las empresas relacionadas con la construcción.

La tercera reunión monográfica celebrada por los sectores empresariales ligados con la construcción y englobados en PIME plasmó la "gravísima situación en la que se encuentra el conjunto del sector y, por ende, la gran dificultad por la que están atravesando muchísimas empresas". Además de instar a las diferentes administraciones públicas a efectuar los pagos en el plazo previsto por la ley, los empresarios defienden que en caso de incumplimiento "se devenga de forma automática el interés de demora actual del 8 por ciento, recomendando a las empresas ejercer su derecho de reclamar los intereses". Para ello, PIME pondrá a disposición de los asociados en su página web un modelo de escrito de reclamación de los intereses.

Los empresarios también solicitan expresamente que se proceda a acelerar y agilizar todos los trámites administrativos para la concesión de las diferentes licencias de obras, actividades y aperturas, además de reclamar que se adopten medidas liberalizadoras que incentiven la inversión y la competencia leal. En este sentido, apuestan por unos planes de fachadas y de rehabilitación menos burocráticos y más sencillos, "en los que realmente se incentive a los particulares para invertir en la mejora de los edificios, en lugar de que desista por el exceso de trámites y que además se tarde en cobrar las ayudas". También se pide el mantenimiento de las ayudas de la Conselleria de Comercio, Industria y Energía para la mejora en el ahorro energético, aunque simplificando su tramitación y agilizando su pago.

Otra de las medidas acordadas para hacer frente a la actual situación económica es evitar bajas temerarias en la elaboración de presupuestos y que éstos se sitúen por debajo del coste. También se recomienda a las empresas que en los contratos se haga constar la reserva de dominio del material, autorizando la retirada del mismo si no se produce el pago de la factura.