L.M.F.Maó30/11/10 0:00
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Las discrepancias tributarias entre Autoridad Portuaria de Baleares y el Ayuntamiento de Maó no se refieren únicamente al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, sino que afectan también al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. En este sentido, la regidora de Servicios Generales, Àngels Andreu, confirmó a este periódico que el ente gestor del puerto mahonés adeuda a las arcas municipales por este concepto un total de 2.995 euros de las cuotas de 2010.

La cantidad está lejos de la debida en concepto de IBI, que asciende a 445.495 euros, y respecto de la cual APB y el Consistorio no acaban de ponerse de acuerdo. En este sentido, el órgano gestor emitió un comunicado apuntando que las diferencias que mantiene con Maó son fruto de "un conflicto jurídico en el que APB ejerce su derecho a defenderse legítimamente".

Así, APB explica que ha presentado recursos de reposición o alegaciones referidas a diversas peticiones de liquidación del impuesto dirigidos a concesionarios y autorizados del puerto que el Ayuntamiento reclama directamente al órgano gestor y a partes de la zona de servicio que consideran deberían estar exentas del pago del IBI. Añade el ente dirigido por Francesc Triay que cuenta con resoluciones favorables al respecto y que la valoraciones catastrales de la zona de servicio y de unidades singulares del puerto de Maó están recurridas ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Económico- Administrativo Central, respectivamente.

El Ayuntamiento no lo ve así. "Autoridad Portuaria ha ido incumpliendo diferentes compromisos y tras haber dejado pasar el tiempo y esperar a que nos aportaran la información cartográfica y jurídica sobre sus concesionarios, el pasado mes de julio decidimos remitirles el expediente de recaudación ejecutiva", explicó Andreu, quien tampoco entiende por qué el ente gestor no ha realizado trámites ante el Catastro por lo que se refiere a la valoración catastral. Todo ello justifica el proceder del equipo de gobierno, que tras compensar las cuotas tributarias con cánones ha iniciado el embargo. "El Ayuntamiento trata exactamente igual a todos, sean particulares o sea Autoridad Portuaria", remachó Andreu.