"Los gobiernos no cumplen porque la gente no acude a los tribunales"

Habla de crisis económica o crisis de derechos humanos, ¿por qué la disyuntiva?
Quiero poner el acento en que estamos ante una crisis de derechos humanos, lo que significa que millones de personas han perdido su trabajo, que en África se ha incrementado el precio de los alimentos y que los gobiernos van a invertir mucho menos en garantizar el derecho a la salud, a la educación y a la vivienda lo que hará que la gente no tenga acceso a estos derechos. Hasta ahora el acento se ha puesto en el impacto en los bancos, los datos macroeconómicos, la deuda, pero en realidad el impacto es en la gente, la crisis impacta en la gente y la hace muy vulnerable. La gente hasta ahora lo ha percibido como una crisis económica, financiera, pero en realidad es una crisis de derechos humanos, que devienen artículo de lujo en tiempos de prosperidad.

¿Los efectos han sido primero económicos y es ahora cuando nos apercibimos del impacto en el día a día?
Al principio era difícil saber cómo impactaba en el día a día porque la discusión era si un banco se cerraba, qué pasaba con los depósitos, pero sí que está ocasionando un recorte de derechos grande. La gente ve determinados derechos como derechos humanos, la vida, no ser sometido a tortura y en otros no se ven claramente estos recortes, aunque la crisis haya motivado que la gente haya protestado en países tan insólitos como Egipto, Túnez o China por las condiciones económicas y laborales, lo que ha generado una mayor represión pero la gente todavía percibe la salud, la educación o una vivienda digna como un derecho de segunda categoría.

En este sentido, ¿si AI realiza un informe específico sobre esta crisis a España le caen un montón de ceros, porque el acceso a la vivienda es un drama?
Esto es algo que nosotros llegamos a estudiar bien. A la hora de analizar este tipo de violaciones de derechos humanos con la crisis hay que estudiar si la gente se puede defender, cuando, por ejemplo hay un desalojo injusto. La clave, en opinión de Amnistía, para que la pobreza no siga es entender que acabar con ella no radica en la voluntariedad, que es una cosa guay o no guay de los gobiernos y que es inaceptable la impunidad de quienes cometen violaciones de los derechos humanos relativas a la pobreza. Cuando hay grandes matanzas, torturas o malos tratos, ahora mismo Bush acaba de reconocer la simulación de ahogamientos, todo el mundo se escandaliza y piensa que hay que procesar, pero si un gobierno como el de Israel decide demoler 5.000 viviendas de palestinos o el de Zimbaue utiliza los cereales como arma política para matar de hambre a la oposición, nadie actúa. Hay que lograr el acceso a la justicia, pero no a la justicia social sino a la justicia clásica.

¿Están más torcidos los derechos humanos por la crisis?
Lo que es un mito es que el crecimiento económico elimine la pobreza o la reduzca sustancialmente. Hemos vivido un crecimiento económico espectacular y la pobreza no se ha reducido. Y hay que cambiar el lenguaje sobre la pobreza que no tiene que ver con derechos sino que es casi matemático, insultantemente técnico, y que sitúa el debate en si las vacas lecheras tienen subvenciones o se permite el libre comercio. Éstas son medidas que se toman después de reconocer que las personas tienen derecho a la salud, a la educación y a la vivienda. Lo que está ocurriendo con la crisis es que se está violando la principal norma internacional de derechos humanos sobre la pobreza que establece que para combatirla hay que ir invirtiendo recursos económicos que garanticen el derecho a la salud, la educación y la vivienda de forma progresiva y esto ahora se está reduciendo, lo que deja a la gente indefensa. Si algo nos tiene que enseñar esta crisis económica es que no podemos nunca más confiar en los gobiernos para combatir la pobreza.

¿Por qué los gobiernos adoptan compromisos que después incumplen?
En el ámbito de la pobreza porque todos sufren uno de los cánceres que es el voluntarismo de combatirla. Imaginémonos que un gobierno dijera: La crisis es terrible, las cárceles están llenas y no podemos alimentar a los presos, tendremos que recurrir a la pena de muerte. El escándalo sería monumental, pues es exactamente el mensaje que nos están mandando cuando nos dicen que reducirán las partidas para sanidad, educación o vivienda. Los gobiernos no cumplen porque la gente no acude a los tribunales para que cumplan. Hay que conseguir que lo hagan, que cambien las leyes y el lenguaje y se hable de violaciones de derechos humanos.

La reducción de presupuestos en sanidad o educación sería una violación de derechos humanos?
Reducir el presupuesto "per se" no lo es, depende de como se aplique, de sus consecuencias. Pero esto se aplica también a los países pobres. Eritrea por ejemplo invierte el 30 por cien de su presupuesto en gasto militar, que es una opción, pero te impide invertir en educación, sanidad o vivienda, mientras que Burkina Fasso, después de la presión, garantizará por ley la asistencia a las embarazadas para que puedan dar a luz. También hay que tener cuidado con las instituciones del estado que tienen unas responsabilidades y no deben ser suplidas por la sociedad civil, y aunque el Estado "subcontrate" sigue siendo responsable.

Sábada y Vázquez-Figueroa
"De la crisis al cambio" es el título de las jornadas, abiertas y gratuitas, que viven hoy su segunda sesión en la sede del Consell en Maó. A las 10 horas, tras la apertura a cargo de Àngela Caules, el catedrático de Ética de la Universidad Autónoma de Madrid, Javier Sádaba, disertará sobre "Sociedad, valores y crisis". A las 11.10 horas, tomará el relevo el escritor Alberto Vázquez-Figueroa, quien abordará "Los valores del cambio", mientras que al mediodía, antes de la clausura, Antoni Petrus, catedrático de Sociología; Llorenç Huguet, presidente del CES; Jaume Mascaró, antropólogo; y, Lola Romero, miembro del Consejo Consultivo debatirán sobre los valores sobre los que se construye Menorca.