El Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico de Menorca ha impuesto a un promotor una sanción por importe de 21.781 euros por construir un edificio de nueva planta de uso indeterminado, aunque con indicios de ser residencial, sin disponer de la correspondiente licencia municipal en el Camí Fosc de Es Castell.
La actuación supone una infracción urbanística grave y dio lugar a unas obras que han devenido ilegalizables y sobre las que pesa una orden de demolición. Supone, asimismo, un caso infrecuente, según confirma el conseller de Ordenación del Territorio. "Cada vez nos encontramos con menos infracciones por obras de nueva construcción, lo que sí se detecta más son ampliaciones, modificaciones y cambios de uso", asegura Joan Marqués.
En este sentido, también resulta "casi anecdótico" que se localicen obras en medio del campo. "Lo normal es que las infracciones se cometan en núcleos ya constituidos", detalló el responsable de la política territorial insular, para quien la labor que desarrolla el Consorcio y una mayor concienciación explican esta tendencia.
En cualquier caso, tal y como recuerda Marqués, todas las infracciones originan un doble procedimiento. "Si las obras no son susceptibles de legalizar se originan dos actos independientes, uno relativo a la orden de restitución, y un expediente sancionador, cuya cuantía dependerá del momento en el que se hayan iniciado las obras".
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