El pleno del Ayuntamiento de Ciutadella aprobó por unanimidad la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para hacer posible la compatibilización de los usos turístico y residencial en las viviendas unifamiliares aisladas de las zonas turísticas.
De esta manera se adapta el PGOU de Ciutadella al Plan Territorial Insular que ya contempla esta medida que permite que los ciudadanos que tienen una segunda residencia puedan solicitar al Consell una licencia para poderla destinar al alquiler turístico.
Ocupación de vía pública
Otro de los puntos que se trataron en la sesión plenaria fue el que originó el enfrentamiento entre Antònia Salord (Grupo Mixto) y Joan Triay (UPCM), sobre la modificación de la ordenanza de Ocupación de la Vía Pública por Obras. El equipo de gobierno sacó adelante con el apoyo de Unió des Poble de Ciutadella una propuesta que contempla cambios en las condiciones de las licencias de ocupación, en lo referente a los cerramientos que se deben instalar en la calle para delimitar las obras, sobre la acción de carga y descarga de materiales y de restos, de los contenedores y en relación a la señalización de los elementos sobre la vía pública. También se alteran aspectos relacionados con las infracciones y las sanciones que se impondrán en caso de incumplir la ordenanza.
Al debatir este tema, el concejal de UPCM, Joan Triay recriminó al actual equipo de gobierno haberse relajado a la hora de hacer cumplir la normativa, recordando que fue uno de los compromisos que adquirieron y que "están defraudando". Igualmente recordó que la "herencia" que han obtenido PSOE y PSM al hacerse cargo de la institución es la que "les dejó el PP, que no sólo no hacía cumplir la ordenanza sino que también la incumplían los propios concejales", haciendo referencia explícita a los negocios de Germán Jover y Antònia Salord. Esta observación sentó mal en el Grupo Mixto y su portavoz solicitó el turno de palabra por alusiones, que le fue denegado por la alcaldesa, Pilar Carbonero, quien intentaba zanjar la polémica.
Pero no lo consiguió. Durante el turno que se le dio a Salord para debatir el siguiente punto en el orden del día, ésta aprovechó para referirse a las acusaciones de Triay, momento en el cual Carbonero ordenó el receso en el cual se produjeron enfrentamientos entre personas del público y algunos concejales del Grupo Mixto y que acabaron con la intervención del 061 por un amago de infarto a uno de los presentes.
Variante de Ferreries
Pasada la trifulca el pleno continuó aunque sin debatir las propuestas. Una de ellas fue la moción presentada por el Partido Popular para pedir que el túnel que se construirá en el desdoblamiento de la carretera general a su paso por Ferreries permita la habilitación de cuatro carriles, dos por sentido. La propuesta fue apoyada por el Grupo Mixto y también por UPCM.
En el pleno se abordó también la reducción de sueldos al personal laboral del Ayuntamiento, las guarderías y el geriátrico, siguiendo las directrices marcadas por el decreto ley aprobado por el Gobierno central. La propuesta, que contempla reducciones de entre el 3,5 y el 6 por ciento en función de la categoría laboral, fue apoyada por PSOE y PSM, mientras que la rechazó el PP y se abstuvieron UPCM y Grupo Mixto.
Ordenanza sobre ruidos
El debate sobre la modificación de varios artículos de la ordenanza reguladora de ruidos quedó eclipsada con el pique entre Triay y Salord. Fue aprobada por PSOE, PSM y UPCM, mientras que el PP se abstuvo y el Grupo Mixto votó en contra por considerar que una de las medidas, la que impide a las empresas de construcción trabajar los fines de semana de verano, perjudica la supervivencia de las mismas en "una época de crisis" como la actual. No obstante, tal apreciación no obtuvo el apoyo de ningún otro grupo municipal.
En cuanto a las mociones, el pleno aprobó varias por unanimidad, como por ejemplo la propuesta del PP de traducir a varios idiomas los trípticos informativos de la ordenanza sobre bicicletas, o la del Grupo Mixto de denunciar "la mala praxis" de la compañía eléctrica GESA a la hora de facturar los consumos domésticos de los ciudadanos, una cuestión que está recibiendo numerosas quejas.
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